Democracia Mexicana (2000-2024), qepd: ¿Otra advertencia pa' que ignoremos los panameños? (2 de 2)
o "Cuando la pary de algunos deja sin país a todos, segunda parte"
De la misma manera que los sapiens nos hemos “adaptado” a la degradación de nuestro clima y medio ambiente — gradualmente — los panameños hemos ido normalizando situaciones cada día más misántropas y antisociales, tal y como vimos la semana pasada que hicieron los mexicanos, especialmente aquellos que más se han beneficiado del estatus quo desde que su democracia “nació” en el 2000.
Como apunté entonces, la recesión democrática que terminó tanto con el Estado venezolano como con la separación de poderes en México, y que hoy amenaza con dejar a nuestro país en manos de un populista autoritario, tiene otra característica compartida con el cambio climático que la hace una crisis prácticamente imposible de afrontar.
No solamente sus efectos, por más dañinos que sean, son muy poco perceptibles en tiempo real, lo cual facilita enormemente su normalización; sino que, peor aún, demasiados panameños, con demasiado poder, ya tienen sus vidas enteras invertidas por completo en el estatus quo nacional, con to’ y que el estatus quo nacional —como la quema de hidrocarburos a nuestro planeta — está a punto de quebrar a Panamá.
Cambio climático mi ras, ¡la acción de Exxon ‘ta volando, broder!
Como ya espero todos sepamos, el cambio climático es una crisis global provocada, principalmente, por la quema de hidrocarburos y los gases que emite, incluyendo metano y dióxido de carbono.
Por otra parte, las empresas que monopolizan la extracción, procesamiento y venta de estos hidrocarburos, y su sinfín de derivados, continúan siendo unas de la más rentables del mundo mundial.
Como si fuera poco, estas empresas, las cuales producen todo tipo de bienes de los que la vida moderna depende íntimamente, representan el sustento de cientos de miles de personas en todo el mundo (y no solamente la vida de rich & famous de sus dueños y ejecutivos). Desde los petroquímicos que impulsan nuestras naves a través de cielo, tierra y mar, hasta los plásticos que hoy, inclusive en la sangre, llevamos los sapiens, hemos convertido a estos productos en parte esencial de nuestras vidas.
No debe ser sorpresa, entonces, que ahora que tenemos que limitar su uso drásticamente, nos está costando la vida, la muerte y la resurrección.
Esta dependencia, desarrollada a lo largo de décadas y combinada con la obscena rentabilidad de la industria, ha históricamente significado un enorme poder sociopolítico pa’ quienes participan de esta actividad, tanto trabajadores como dueños de capital (aunque pa’ estos últimos mucho más que pa’ los primeros).
Con este poder, como es de esperarse, la industria de los hidrocarburos ha luchado en todos los frentes posibles pa’ mantener un estatus quo que, eventualmente, acabará destruyendo la vida en la Tierra como la conocemos.
Por ejemplo, tal es su influencia alrededor del mundo, que las compañías petroleras han logrado descarrilar, incluso, el debate científico internacional acerca del cambio climático y, específicamente, si éste es antropogénico, o causado por actividades humanas — a pesar que muchos de los científicos y ejecutivos en la industria sabían, desde al menos la década de 1950, que el consumo cada vez más intenso de energía “sucia” (y no renovable) por parte de la humanidad estaba aumentando inexorablemente los niveles de dióxido de carbono en nuestra atmósfera.
Ésta es la fuente principal de lo que hoy conocemos como el efecto invernadero, y es lo que está incrementando no sólo la temperatura del planeta, sino la volatilidad de los patrones climáticos en los que tantas sociedades alrededor del mundo dependen pa’ subsistir.
Otro ejemplo de su increíble poder es la captura del Estado que han logrado consolidar estas compañías en la mayoría de las democracias “occidentales”. Incluso en EE.UU., el mayor productor de petroleo del mundo, no solo gozan de enormes subsidios públicos, sino que también se benefician de masivas exenciones fiscales (de impuestos), como ha ocurrido bajo la administración de Joe Biden, durante la cual la industria ha registrado ingresos récord.
A pesar de las devastadoras consecuencias económicas de los productos que venden, sin embargo, estas empresas tampoco pagan por el enorme daño que causan.
En cambio, los costos recaen cada vez más sobre los consumidores de estos productos — específicamente, los que viven en las áreas más vulnerables al cambio climático y la contaminación ambiental — quienes sufren huracanes, incendios forestales, toxinas en la comida, el agua y el aire, sequías, inundaciones y el colapso generalizado de los ecosistemas en los que depende su supervivencia, entre otros desastres.
De esta manera, mientras las petroleras, refinadoras y compañías de transporte y similares maximizan sus ganancias, el resto del mundo es quién paga la cuenta de toda esta destrucción y pérdida.
El resultado es una paradoja que, como mínimo, reducirá significativamente la viabilidad de gran parte de la superficie terrestre pa’ sustentar vida humana: la misma actividad económica que con urgencia existencial debemos eliminar — y ésta es la raíz de la crisis climática — sigue siendo incentivada por políticas públicas (leyes y regulaciones) en casi todos los países que la llevan a cabo.
Aunque, más que cualquier otra cosa, lo que nuestro planeta necesita es que los sapiens hagamos la transición de combustibles fósiles a energías renovables de la manera más rápida posible, no hay organización política, ni el todopoderoso "Tío Sam" (el Gobierno Federal de los EE.UU.), que pueda contrarrestar el poder de la industria de los hidrocarburos.
Por ende, la industria se ha convertido en el principal impedimento de la “transición verde” — aún cuando otras políticas públicas, cabe destacar, han incentivado el despliegue masivo y a gran escala en paralelo de fuentes de energía renovable: imprescindible pa’ eliminar gradualmente (phase-out) los combustibles “sucios” (y esto es clave) sin limitar el crecimiento económico.
Efectivamente, las empresas que más se benefician del estatus quo — que la quema de hidrocarburos continúe siendo, al menos, una de nuestras principales fuentes de energía como especie; y que sus derivados sigan siendo utilizados por los humanos pa’ siempre (porque eso es lo que duran en nuestro ambiente, forever) — tienen incentivos demasiado grandes pa’ seguir haciendo lo que hacen y, obviamente, pa’ evitar que algún Estado se los prohiba.
Por este motivo han invertido miles de billones no sólo en investigación y desarrollo (i+d) y capital físico y humano, sino en influencia (por no decir control) social y política.
De manera muy similar, el modelo económico panameño se ha convertido en el estatus quo que simplemente se rehúsa a cambiar. Por consiguiente, representa la principal amenaza que enfrenta nuestro país, en particular, a su viabilidad como res pública libre y segura.
Pa’ que tú sepa’: cuando las empresas que conforman la plataforma de servicios internacionales venden, inter alia, la mega-rentable “seguridad patrimonial” que producen nuestras leyes y garantiza nuestro Estado, generan multimillonarios beneficios pa’ sus dueños y ejecutivos. Incidentalmente, sin embargo, esto representa un cheque relativamente bueno pa’ los asalariados, emprendedores y pymes lo suficientemente afortunados de trabajar pa’ ellos.
Como ya hemos visto, este “modelo” alimenta la especulación y eleva los precios de la vivienda panameña, engendrando, particularmente en la Clase Media Amplia (CMA), la sensación crónica de incertidumbre y ansiedad que Kevin Casas llama la “kriptonita de la democracia”.
Como si fuera poco, “nuestra” plataforma de servicios tiene a Panamá, ¡todavía, coño! en todo tipo de “listas grises” de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que limita significativamente la inversión en los sectores productivos que más necesita nuestro país y, especialmente, nuestro capital humano.
Sin embargo, la actividad económica panameña “por excelencia” sigue siendo fenomenalmente rentable, por más que jode al país, pero no fuera posible sin sus leyes.
Los incentivos, entonces, que tienen las empresas que de esta actividad se benefician (sin duda, las más poderosas del patio) pa’ mantener el estatus quo — específicamente, las leyes que dan cabida a esta multimillonaria rosca, y que ésta sea una de las principales fuentes de sustento pa’ cientos de miles de panameños — hacen de la bendita “plataforma”, y del “desarrollo inmobiliario” conexo, el mayor impedimento pa’l cambio real que nuestro país a gritos necesita.
La contaminación sociopolítica de la plataforma, y su efecto cultural
No solamente tienen un enorme poder político las empresas que conforman la plataforma de servicios, sino que muchísimos panameños, incluyendo un inmenso número de asalariados, emprendedores y pymes, dependemos de ellas pa’ llevar el pan a la casa.
Es decir, las leyes y regulaciones que generan la demanda por la “intermediación” legal y financiera que venden estas empresas, a su vez, producen puestos de empleo bien remunerados pa’ un número considerables de miembros de la CMA — por más que no sean ni suficientes ni sostenibles pa’l país — convirtiéndonos, efectivamente, en dependientes del estatus quo.
Este ciclo de dependencia, en que las empresas de una industria capturan al Estado pa’ asegurarse que sus productos sigan siendo esenciales pa’ la economía nacional — como ha hecho la industria de los hidrocarburos con el petróleo y sus derivados — es otra manera en que el estatus quo, por más dañino que sea, se va arraigando en la sociedad y, por ende, en la política panameña.
Ya hemos examinado como en Panamá se utiliza la vivienda más valiosa (por su ubicación) para literalmente parquearle “capital” de todo tipo de procedencia a todo tipo de gente. Como resultado, el costo de la vida pa’ la CMA panameña siempre ha estado por los cielos.
No obstante, parte del alto precio sociopolítico de fungir como “plataforma de servicios” (porque decir “paraíso fiscal” en Panamá es como decir Voldemort en Hogwarts) es que nuestro marco legal, en particular la Ley 32 de 1927 que regula las “sociedades anónimas”, nos ha convertido en la sede perfecta pa’ todo tipo de negocios turbios, y de la corrupción que de ellos se deriva.
Esta “actividad económica”, con el pasar de los años — y de los miles de millones que se han extraído del Estado panameño con tan sólo redactar unas actas y firmar unos papeles — se ha infiltrado tan profundamente en nuestra sociedad, que el sueño de muchísimo joven panameño ambicioso, al menos desde mi generación, ha sido aprender como lucrar de nuestras leyes pa’, en pocas palabras, volverse millonario lo más rápido posible.
Son estos poderosos incentivos que tienen, no sólo los grandes bufetes del patio, sino cualquier abogado panameño pa’ usar las leyes de la República como más le convenga, lo que hace que la cultura empresarial panameña sea una de extracción de valor.
Al final del día, la razón por la que incontables panameños (y demasiado de nuestro mejor capital humano) quieren ser abogados, o de alguna manera trabajar pa’ la plataforma, es porque ahí es donde ‘ta la plata — nuevamente, gracias a políticas públicas y no a ningún “mercado libre”.
El problema, como ya vimos, es que estas actividades no producen valor alguno, sino que lo extraen de los recursos del país, incluyendo sus leyes y reglamentación.
Entonces, de la misma manera que las petroleras seguirán bombeando el “oro negro” que, por más que no podamos dejar nuestra adicción a él, cada día degrada más el frágil equilibrio que requieren pa’ prosperar todos los seres que compartimos este planeta — la estúpida rentabilidad de tanto la plataforma de servicios como la mancuerna Capac-Suntracs seguirá deformando nuestra economía política, prácticamente dictando las actividades a las que le dedicamos nuestras vidas la mayoría de los panameños, convirtiéndonos así, efectivamente, en un país de intermediarios.
Odila Castillo somos todos (especialmente los yeyos)
Empeorando aún más la situación, nuestros medios de comunicación más “serios” buscan cómo exprimirle la mayor cantidad de clicks posibles al bochinche, más recientemente, el de la chica del interior que se prostituyó pa’ poder taquillar — porque si la que ‘ta posando y haciendo muecas como payasa en #Breck o #Vail es una #chola, entonces la man es una igualadaww (y eso sí hay que publicarlo en La Prensa).
A todos los que la juzgamos, por cierto, recordemos que nuestro país fue literal construido por (más que nada) hombres “de negocio” que históricamente le han dado el fuas a narcotraficantes, dictadores, terroristas, compañías evasoras de impuestos y, en general, cualquiera que haya llegado al patio buscando “seguridad patrimonial” pa’ sus bienes — habidos quién sabe cómo, pero por alguna razón con muchas ganas que nadie sepa que existen — pa’ de esta manera vivir como rich & famous, y que el resto de los panameños busquen como se las arreglan, brodeeerrr.
#obvy #blessed
Y esto ha sido durante nuestra era “democrática”, o sea, después que “fuimos” narco-estado puro y duro (aunque tú tranquilo que pa’lla vamos devuelta).
Tal vez en Panamá hoy día existan algunos bufetes y bancos “top” que ya no se dediquen a esta maleantería a lo bestia, como lo hizo nuestra intrépida abogada pa’ convertirse en millonaria “de la noche a la mañana”.
Pero sólo porque ahora generan sus millones haciendo valer los intereses de multinacionales “legítimas” (las cuales, por cierto, le extraen millones al Estado panameño), no significa que durante la dictadura — o durante el régimen mega-oligarca que la precedió, porque la historia panameña es laaarga, y los esqueletos en los closets son variosss — no hicieron japai con exactamente las mismas leyes que usan hoy día Odila & Co. y el resto de los Lawyers & Consultants del patio (particularmente, la relativa a Sociedades Anónimas).
La realidad, sin embargo, es que lo que más le afecta en su wallet a la CMA panameña — y sobre lo que deberían, por ende, estar hablando todos los medios criollos, tradicionales y digitales, hasta que la gente se aburra de escucharlo — es la prostitución, de hecho, de nuestro código legal, pa’ que esta misma abogada, puta o santa, pueda ir con un promotor de bienes raíces y salir con quién sabe cuantos apartamentos y oficinas, encareciéndole la vida al panameño común, y que nadie diga nadaaaaaa.
¿Y el supuesto líder de la oposición? Hablando de “debida diligencia”, como el man que piensa, todavía, que si separa la basura, la recicla y hace composta va a salvar al planeta del cambio climático.
Pana,
Yo se que tú también eres abogado, pero no crees que bastante “sanmiguelino”, en vez de echar a perder su poco tiempo (y productividad) en tranques 100% evitables, ¿no quisiera vivir más cerca de donde trabaja?
Porque, pa’ que tú sepa’, la razón por la que no puede, y por la cual su calidad de vida es, en general, bastante mala, no tiene absolutamente nada que ver, ni con la debida diligencia, ni con la chiricana que aprovechó la oportunidad pa’ hacer lo que hacen cientos en su profesión, y simplemente le abrió sus piernas a alguien con poder pa’ que la ayudara a “agilizar el asunto” — como han hecho, históricamente, la gran mayoría de los hombres más ricos del patio.
Pa’ salvar la democracia, tenemos que reformar el estatus quo
La recesión democrática que actualmente nos asecha, incluso a las democracias más consolidadas del planeta, tiene la habilidad de volver a un país ingobernable, como el México de hoy día, o destruirlo por completo, como vimos en Venezuela.
Igual que con la crisis climática que enfrentamos — los incentivos que tienen algunas de las empresas más rentables del patio pa’ seguir produciendo el mismo veneno que nos está matando, hacen que la recesión democrática sea un problema prácticamente imposible de resolver.
En México, por ejemplo, la democracia murió a los 24 años. La pregunta pa’ nosotros, entonces, es cuánto más aguantará la democracia panameña. Específicamente, ¿cuándo caeremos en cuenta, en particular los que más nos beneficiamos del mismo, que el estatus quo (o nuestro “modelo económico”), por más rentable que sea pa’ algunos, nos está llevando al colapso no sólo económico, sino también de nuestras instituciones políticas y sociales?
Veamos: como Panamá, México también es uno de los países más desiguales del planeta. Por ejemplo, en la tierra de Charlie Slim, “el 10% más rico de la población tiene cerca del 80% de la riqueza del país”. También, aunque su fuerza laboral no es tan improductiva como la panameña, como miembros de la OCDE, los mexicanos están dentro de los menos productivos. Por ende, el país posee tanto el peor crecimiento económico como el peor crecimiento potencial de la OCDE.
Paradójicamente, México también es:
donde se laboran más horas al año, con un registro de más de 2,100 horas anuales por trabajador (el promedio OCDE es de 1,700)
el país de la OCDE con las jornadas laborales más largas, con cerca de un 30% de los trabajadores reportando jornadas de más de 50 horas a la semana, y
el país con menos días de vacaciones pagas al año, con un mínimo de 6 días anuales (en contraste con 20-25 días en la mayor parte de los países de la OCDE).
Este es el perfecto ejemplo del desajuste que mencionamos anteriormente, entre la política y la sociedad, que sufre nuestra región. Como puedes ver arriba, sólo los colombianos se parten el fuas más que los mexicanos, pero pa’l mexicano que trabaja (en actividades lícitas, obvio), la vida no mejora a pesar de estar trabajando todo el freakin’ tiempo.
No obstante, acá en México, mucha gente que vive de la extracción de valor te dice, con toda seriedad, que el “pobre es pobre porque quiere”. En el patio, hablamos de la “gente que quiere que todo se lo den”, y ese es el cuento que le han echado al panameño desde que tengo uso de razón.
Lastimosamente, como en Panamá, el mexicano es pobre, más que nada, porque un par de grupos económicos (o clanes) son lo que se quedan con la inmensa mayoría de las rentas extraídas del recurso nacional (incluyendo mercados legalmente mono- / oligopolizados), en vez que éstas sean repartidas equitativamente o, al menos, invertidas a largo plazo en el capital humano del país.
Como pa’ tantas de nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas, la captura del Estado por parte de grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, pa’ que sus dueños y ejecutivos puedan vivir como rich & famous de las rentas extraídas del recurso nacional (incluyéndome a mi), nos tiene al borde del abismo.
Pero, al igual que ocurre con las petroleras que prácticamente dictan las políticas públicas en los países “productores” pa’, de esta manera, frenar la transición verde, el Estado panameño no responde a los reclamos de la CMA porque está capturado por los intereses que, precisamente, más se benefician del “modelo”.
Recuerda: Venezuela escogió políticamente su modelo económico: depender del petroleo y vivir de las respectivas rentas, en vez de invertirlas en su capital humano. México hizo lo mismo cuando su Estado privatizó monopolios públicos y otras empresas estatales, condenando a la CMA mexicana a servicios caros y malos, dígase, a una peor calidad de vida.
En Panamá, son las leyes de la República, aprobadas por nuestros históricamente mega-corruptos diputados, las que han dado cabida al malsano crecimiento económico nacional, que nos tiene (en un empate técnico) como el país más desigual de la región.
Por este motivo nos urge organizarnos políticamente como CMA. Si los panameños queremos ser la excepción a la regla — una res pública libre, democrática y en paz en una región, en gran parte, devastada por la desigualdad y el caos que ésta genera — tenemos que dejar de ignorar que la temperatura sociopolítica del país esta incrementando peligrosamente, y salirnos del recipiente de agua hirviendo lo antes posible.
No seamos la rana que murió cocida y ni cuenta se dio.
No dejemos que la pary de algunos (la mía también) deje sin país a todos.
Próximamente, una ñapa con sugerencias.