"¿Mami, por qué hay sociedades que quieren ser anónimas?" De leyes criollas, listas negras y la bendita plataforma (2 de 2)

o "Cómo funciona la economía panameña, versión criolla, novena parte"

Las instituciones legales — incluso cosas como los derechos de propiedad y los contratos — funcionan porque la mayoría de la gente cree en la autoridad de la ley, y en su legitimidad [...]. Si usamos la ley para codificar el capital de manera masiva, básicamente estamos tomando un recurso social, nuestro sistema legal, que también utilizamos para gobernarnos como democracia, y permitiendo que algunos lo usen para constituir riqueza privada, y hacer cumplir los derechos de ésta contra el resto del mundo.
- Katarina Pistor (Profesora de la escuela de leyes de Columbia University), “Coding Capital” (2022)

Cuando sale a relucir el tema del enorme daño que nos han causado las “pantallas” y redes sociales, especialmente a los niños y niñas en pleno desarrollo socio-emocional, la defensa más común que suelo escuchar es que sus efectos “dependen de cómo las uses”.

Aunque esta actitud solía sorprenderme mucho, en los últimos años he aprendido al menos un poco sobre cuán “irracionales” somos los sapiens, especialmente a la hora de racionalizar aquello que nos “conviene” — o nos tiene adictos.

Porque, pa’ que tú sepa’: los profesionales mejores pagados del planeta, quienes diseñan tanto las pantallas como las redes, son empleados por las compañías más rentables, también, del planeta, para que sus productos sean usados (sí, inclusive por ti) de manera muyyy específica.

En cuanto a cómo nos controlan las redes sociales, los ingenieros de software y los neuro-psicólogos y demás expertos en comportamiento humano que trabajan en Google, Tiktok y Meta, dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp — es decir, tu vida entera — nos aplican las tecnologías (algoritmos) más poderosos de la historia, casi siempre, sin que estemos consciente de ello.

Junto con la innata soberbia humana de creernos en control de nuestras emociones y pensamientos, entonces, el daño que nos causan estas “herramientas” digitales, como individuos y sociedades, depende del código que utilizan, es decir, su diseño inherente.

El problema es que este código lo asumimos neutral o imparcial, más que nada, por inercia (o pereza). La realidad, sin embargo, es que quienes lo “escriben” tienen incentivos sumamente claros: acaparar tu atención lo más posible — por destructivo que sea pa’ tu salud y la de tu país — ya que esto es lo que le venden a sus clientes, las compañías que pautan (anuncian) en sus plataformas.

Detrás de todo código, no lo olvides, hay una razón de ser.

A esto se refiere la anteriormente citada Profesora Katharina Pistor en su último libro, “El Código del Capital”. Según la experta en sistemas legales alrededor del mundo, las “reglas del juego” bajo las que operan las relaciones humanas, invisibles pa’ la mayoría de nosotros, benefician desproporcionadamente a quienes saben explotarlas, de maneras complejas y sutiles.

En Panamá, estas reglas las conocemos como las leyes de la República.

En su obra subtitulada “Cómo el derecho [la Ley] crea riqueza y desigualdad”, Pistor analiza la manera en que activos como la tierra, el inmueble, la deuda, el emprendimiento privado y hasta el mismo conocimiento son convertidos, como por arte de magia, en lo que llamamos “capital”.

¿Cómo? A través de derechos de propiedad (incluyendo intelectual), contratos o, célebremente en Panamá, Sociedades Anónimas (S.A.). Todas éstas son criaturas de la ley, es decir, son creadas por (y funcionan gracias a) el Estado panameño — el cual, te recuerdo, es sufragado más que nada por los impuestos de la Clase Media Amplia (CMA): asalariados, emprendedores y dueños de pymes.

Como el resto de las instituciones extractivas que, históricamente, han sido impuestas sobre este pedacito de istmo centroamericano — la Ley de Sociedades Anónimas fue diseñada con el explícito propósito de extraer valor de nuestra soberanía, generalmente, a favor del capital extranjero.

Sin embargo, por motivos que no me cuadran, la S.A. es la misma institución que ofrece el Estado panameño a sus ciudadanos, específicamente su empresa privada, para crear valor.

¿Cómo así?

¿Acaso la capacidad de esconder su identidad, o de chifear al fisco, es lo que realmente necesita el emprendedor criollo pa’ hacer crecer su negocio?

Esta paradoja, como he explicado en ocasiones anteriores, se da gracias a la captura de nuestro Estado a manos de, inter alia, la plataforma de servicios internacionales y la mancuerna Capac-Suntracs, quienes extraen miles de millones al año de nuestro código legal.

Por ende, derogar la Ley de Sociedades Anónimas de 1927 a favor de una ley diseñada explícitamente para crear valor (y producción nacional) debe ser unos de los principales objetivos de la CMA.

Sociedad ¿Anónima?: la razón detrás del código

Desde su creación hace casi 100 años, la institución legal conocida como “Sociedad Anónima” (S.A.) no fue ideada pa’ empoderar a los emprendedores panameños, ni pa’ promover una economía nacional diversificada. En esta época, el capital panameño (que no controlaban los gringos) era relativamente poco, y estaba todo en manos de un par de clanes criollos.

La S.A. fue codificada, efectivamente, pa’ atraer capital extranjero a Panamá bajo el pretexto de “facilitar negocios”, pero con la clara intención, un tanto obvia gracias al título, de ofrecer anonimato (“seguridad patrimonial”) a clientes interesados, sobretodo, en esconder activos y evadir obligaciones fiscales en sus países de origen.

Por su parte, los grandes grupos económicos que operan y lucran en el patio usan la S.A., inter alia, pa’ legalmente evadir los impuestos que, en teoría, deberían financiar la educación, salud e infraestructura pública.

Mientras tanto, los asalariados, emprendedores y pymes panameños terminan cargando con el peso de un Estado corrupto e ineficiente, teniendo que enfrentar por cuenta propia todo tipo de trabas burocráticas: por ejemplo, la obligación de justificarle sus escasos ingresos al freakin’ banco haciendo la “debida diligencia”. Esto no es más que otro costo que nos toca a todos los panameños asumir gracias a la rosca de la Sociedades Anónimas.

Desde entonces — pero especialmente después que la dictadura militar creara la “plataforma de servicios internacionales” — el capital extranjero ha llegado a Panamá, casi siempre, para que un abogado local (con permiso especial del Estado) le constituya su Sociedad Anónima, otorgándole así todos los derechos (protecciones) de los que gozamos, o deberíamos gozar, los panameños.

Como hablamos en la primera mitad de la entrega, esta actividad es lo que tiene a Panamá en las listas negras que tanto perjudican el sano desarrollo de nuestra economía. También, en las últimas décadas, estas armas de corrupción masiva han contaminado seriamente no sólo la imagen de nuestro país alrededor del mundo, sino a la misma sociedad panameña.

Consecuentemente, la S.A. representa una de las principales amenazas que enfrenta nuestra frágil democracia — sobre lo escribí hace unas semanas:

De la misma manera, entonces, que el código de las redes sociales está diseñado pa’ generar adicción — engagement, como lo llaman Zuckerberg y el resto de los ejecutivos de esas gigantes corporaciones — la S.A. fue diseñada, más que nada, pa’ que el Estado panameño sirviera de refugio, o wachiman, del capital internacional de dudosa procedencia — sin importar los enormes costos que semejante actividad impondría sobre el resto del país.

No muy diferente, por cierto, al “asilo” que el dictador nica Daniel Ortega actualmente le da, en su embajada panameña, a nuestro querido Mussolini, seguramente, por una jugosa tarifa diaria.

Justicia, ¿eso que es?

Finalmente, pa’ que conozcas al típico “emprendedor” que realmente se beneficia de una sociedad anónima, te comparto un diálogo de una de mis películas de acción favoritas: la original “Misión: Imposible”, el debut de Tom Cruise como Ethan Hunt, héroe de la franquicia que hoy está en su octava entrega.

En la escena (sólo 15 segundos), Hunt le pregunta su verdadero nombre a “Max”, una traficante de armas, luego de haberle salvado el pellejo.

En español, la respuesta de “Max” es categórica: No tengo que decirte, querido, el confort que provee el anonimato en mi profesión. Es como una manta calientita.

¿Qué es lo que realmente necesita la empresa privada panameña?

El concepto de persona jurídica, específicamente el de “corporación”, como se conocen los Sociedades Anónimas en la angloesfera, es uno de los pilares fundamentales del derecho moderno.

Su propósito principal es separar las obligaciones legales y financieras de una empresa (por ejemplo, Hermanos Pérez, S.A.) de las de los individuos que la emprenden (sus propietarios, digamos, los señores Juan y Pedro Pérez).

De esta manera — codificando en ley el emprendimiento de estos dos panameños — el Estado lo convierte en un actor económico independiente.

Esto permite a las empresas privadas celebrar contratos, poseer propiedades y participar en juicios — pa’ demandar o ser demandadas, por ejemplo — como si fueran personas reales. Una de las características más importantes de esta creación del Estado es la responsabilidad limitada, que protege a los propietarios de perder más de lo que originalmente invirtieron en su empresa.

En principio, imponer límites sobre las obligaciones legales de la empresa privada busca fomentar el emprendimiento, la inversión productiva y (el Santo Grial) la innovación, ya que permite la toma de riesgos razonables. Sin embargo, en el patio abusamos descaradamente de la “personalidad legal”, habiendo diseñando la S.A. como herramienta de extracción de valor — en efecto, prostituyendo nuestra soberanía.

¿Y pa’ que? ¿Pa’ que algunos intermediarios criollos vivan como jeques árabes, en castillos comunicados por helicóptero, atendidos por pequeños ejércitos privados de ayuda “doméstica”?

¡No, gracias, brother!

Si bien existen limitadísimas justificaciones pa’l anonimato en una economía lícita, sostenible y que beneficie a la gran mayoría de sus contribuyentes, su predominancia como característica principal de la S.A. panameña ha terminado costándole mucho más al país de lo que históricamente nos ha “traído” — en los últimos gobiernos, corrupción, narco-política y hasta sicariato a plena luz del día.

Mientras tanto, los emprendedores y dueños de pymes del patio enfrentan desafíos específicos que no son abordados por la S.A. — nuevamente, ¡no fue diseñada pa’ eso! — incluyendo a) barreras pa’ la formalización (incorporación), b) costos operativos insufribles, c) acceso limitado al financiamiento (crédito barato) y d) una burocracia inepta y, gracias a la captura de nuestro Estado por intereses privados, extractiva.

La “Empresa Nacional”: institución legal panameña para crear valor

En este sentido, la Asamblea Nacional debería codificar la Empresa Nacional (E.N.) mediante ley de la República, redactándola de tal forma que la convierta en el principal instrumento legal para hacer negocios en Panamá.

Nunca he escrito una ley y honestamente no pretendo saber cómo hacerlo, pero me queda claro que una institución legal con miras a la creación de valor vía la inversión productiva (y pro-social), a largo plazo, contaría con:

Responsabilidad limitada con transparencia: En lugar de proteger el anonimato, la E.N. exigiría que los beneficiarios finales fuesen identificados públicamente, fortaleciendo la confianza en el sistema legal y reduciendo significativamente el riesgo de actividades ilícitas o extractivas.

Apoyo estatal a las pymes: Buscando potenciar el emprendimiento nacional, la E.N. ofrecería todo tipo de beneficios a la micro, pequeña y mediana empresa — beneficios no sólo fiscalizados sino hechos públicos en su totalidad — incluyendo:

1. La eliminación de impuestos y otros costos operativos que limitan el crecimiento sostenible de industrias productivas.

   Por ejemplo, ¿por qué tienen los verdaderos creadores de valor panameño que pagarle “el Seguro” a sus empleados — y éstos, por cierto, ¡depender de sus respectivos empleadores para un derecho tan básico! — cuando un sistema sostenible de seguridad social bien podría ser financiando por las rentas extraídas de recursos estatales, incluyendo el Canal, el Aeropuerto de Tocumen (PTY), los puertos en ambas costas, la Zona Libre de Colón y, como venimos hablando, nuestro código legal?

2. El financiamiento a costo y largo plazo de la E.N. por medio de un Banco Nacional de Panamá (BNP), el cual, en conjunto con la Caja de Ahorros, esté fiscalizado directamente por un Órgano Legislativo con bases socio-políticas amplias — no por la cuna de ratas que hemos tenido desde que “regresó” la democracia — o por una entidad independiente tipo Tribunal Electoral (TE).

   Su cartera crediticia, además, estaría subsidiada por una parte acordada de los beneficios netos de los bancos privados que actualmente tienen permiso pa’ operar en Panamá; y no hablo solamente de los bancos “internacionales” que están en el patio namás pa’ captar las “inversiones” de la plataforma.

   Cualquier banco que tenga permiso del Estado para aceptar depósitos locales, de panameños tantos legales como naturales, participaría obligatoriamente en el programa de “Empresas Nacionales” del BNP.

   Esto podría realizarse mediante participación estatal limitada en estos bancos, a cambio de otorgarles la licencia bancaria, o con impuestos que correspondan al oligopolio legal del que han gozado desde su consolidación en los años 2000 — de lo que hablaremos en futuras ediciones.

   

   You’re not a businessman, You’re a cost-of-doing-business, man!

   Por su parte, los bancos participantes estarían representados en la Junta Directiva del BNP — no solamente para incrementar la superintendencia de la institución, sino para añadirle sus conocimientos y experiencia, que son invaluables.

   En este sentido, la idea sería contratar todo ese talento panameño altamente cualificado, que hoy día se dedica a extraer valor del Estado y sus ciudadanos mediante la intermediación legal y financiera, y pagarles los mismos salarios top pa’ que hagan crecer estas Empresas Nacionales.

Sostenibilidad (o sustentabilidad, como se diga): Como parte dueño de toda E.N. — entre el 30-40%, diría yo, pero mentes sensatas podrían calcular otras cifras que correspondan, en mi opinión, al aporte del contribuyente — el Estado panameño recibiría su participación de los beneficios generados por cualquiera de estas compañías, verdaderamente nacionales, los cuales serían reinvertidos en su totalidad en el programa, apoyando su viabilidad a largo plazo.

Visión de País: ¿cuál es la tuya?

La S.A., como institución legal, es una reliquia de un modelo económico extractivo que prioriza la acumulación privada de riqueza sobre la producción (y el bienestar) nacional. Aunque su diseño ha sido útil para atraer capitales, la gran mayoría de esta “inversión” no ha hecho más que ampliar las desigualdades en el patio, y exponer nuestra economía a sanciones internacionales.

En contraste, la E.N. estaría basada en la transparencia, el acceso a crédito largoplacista y la reinversión de beneficios. Este modelo fomentaría la creación sostenida de negocios productivos, y devolvería al panameño común el control sobre su propia economía — mientras que las S.A. continúan permitiendo la explotación de nuestro país pa’ todo tipo de turbiedad.

El desafío pa’ los panameños no es sólo deshacernos de la S.A. — y de la contaminación cultural que causa — sino definir como nación la razón o propósito de nuestras leyes. Al igual que los algoritmos de las redes sociales, nuestro código legal debe ser rediseñado pa’ servir a la gran mayoría de los panameños, no pa’ beneficiar desconsideradamente a un puñado de grupos económicos que han logrado capturar nuestro Estado.

Sólo así — recuperando nuestra capacidad de codificar las reglas del juego, idealmente, pa’ que sean más justas — podremos construir una economía amplia y verdaderamente próspera.