"¿Mami, por qué hay sociedades que quieren ser anónimas?" De leyes criollas, listas negras y la bendita plataforma (1 de 2)

o "Cómo funciona la economía panameña, versión criolla, novena parte"

Who would let you play God
And make-believe that all the blasphemy
Is coming only from me?
- Father John Misty, "Well, You Can Do It Without Me" (2012)

Así como no mucha gente entiende exactamente por qué, gobierno tras gobierno, los países de organizaciones internacionales como la OCDE y la Unión Europea (UE) siguen clavando a Panamá en sus listas de “jurisdicciones que no cooperan”, menos aún conocen la historia de la plataforma de servicios internacionales, cuyo lucrativo negocio es, precisamente, lo que nos ha marcado — cual ganado de magnate interiorano — con las letras escarlatas de PARAISO FISCAL ya por varias generaciones.

Irónicamente, fue el mismo “populista” que, con una mano, terminó de recuperar nuestra soberanía sobre el Canal quien, con la otra, se la cedió a un par de “emprendedores” criollos. Gracias a las políticas públicas de la dictadura, sus incipientes “empresas” hoy son algunos de los grandes grupos económicos que, con las inéditas riquezas extraídas del recurso nacional a través de décadas, han logrado capturar al Estado panameño, supuestamente, democrático.

Esta captura la vemos por todos lados: Esta semana fue el “escándalo” de los $505 millones trasladados del Meduca (educación) al Miviot y el MOP (construcción) — la mancuerna Capac-Suntracs en acción. Y antes de fiestas patrias, por si ya lo olvidaste, fue el viaje oficial del perro guardián de Mussolini a Paris, oui oui, del cual procede la entrega de hoy.

En su viaje, el intermediario-en-jefe de la plataforma se reunió con el Presidente francés Emmanuel Macron, seguramente, pa’ sobornarlo con licitaciones de mega-proyectos del Estado panameño pa’ compañías francesas — pagados a punta de deuda soberana, no lo olvides — a cambio de que nos hiciera la segunda con la UE pa’ que nos saquen de sus listas negras y grises.

Según Mulinelli, y tantos de los abogados del patio que extraen valor de nuestras leyes, la inclusión de Panamá en estas listas atenta contra nuestra “soberanía” — por ende, cualquier país que nos incluya en las mismas, desde el próximo año, sufrirá como represalia su exclusión (específicamente, la de sus compañías) en las licitaciones del Estado panameño.

Chu chuuu, ¡sale el tren pa’ David!

Sin embargo, el problema pa’l país, particularmente pa’ la Clase Media Amplia (CMA), a quien tanto joden estas listas — asalariados, emprendedores y pymes — es que en ellas seguiremos figurando prominentemente mientras tengamos las leyes (y los legisladores) que dan cabida legal a esta rosca, tan fenomenalmente rentable, de la cual forma parte hasta el freakin’ Presidente de la República.

Historia Patria

Antes que nada, quiero aclarar que escribir sobre la historia de mi propio país — de la manera más objetiva que se le puede pedir a un ser humano genética y culturalmente subjetivo hacerlo — es sumamente difícil.

No solamente suelen ser limitados los documentos relevantes a los que un amateur como yo tiene acceso (ninguna sorpresa, tratándose de una industria que lucra del secretismo), pero la mayoría de las “historias populares” del patio han sido escritas por los que “ganaron” o por los que “perdieron”; ambas versiones, con sesgos que hasta gracia causan.

No obstante, al escaso récord histórico que tenemos podemos añadirle la (mucho mejor documentada) historia de la región, cuyos países han sufrido varios de los mismos problemas, a lo largo de sus respectivas historias, que nuestra peculiar (pero no taaan peculiar) res pública.

El tipo de dictadura militar “nacionalista / populista” (y, eventualmente, delincuencial) que vivió Panamá, por ejemplo, también la vivieron (y sufrieron) varias otras repúblicas latinoamericanas.

La región entera, además, vivió la “democracia oligarca” (u “orden conservador”, como lo quieras llamar) que muchas de estas dictaduras extinguieron — democracias capturadas como la panameña de hoy día, pero por un grupo aún más pequeño de clanes locales, quienes a lo largo del continente poseían la grandísima mayoría de la tierra, el más importante capital productivo de la época.

Panamá tras el golpe: nueva administración, nuevo modelo económico

Probablemente uno de los eventos más contenciosos de nuestra historia reciente fue la toma de control del Estado panameño, por las armas, el 11 de octubre de 1968. Liderada, hasta su aún más controversial desaparición física en 1981, por un coronel del ejercito panameño llamado Omar Torrijos — la dictadura militar marcaría el comienzo de un “Nuevo Panamá”, como le decían sus followers (de ahí el nombre original de la Arena Roberto Durán).

Sin embargo, como dijo alguna vez un famoso estadista alemán (pruso): el uso de las armas es simplemente la continuación de la política “por otros medios”.

En el Panamá del ‘68, las pugnas internas entre los diversos grupos de interés económico, los cuales competían hasta con las uñas por la “complacencia” del Estado, desembocaron en un golpe militar, tal y como ocurrió en otros países de la región. Entre los cambios más significativos del nuevo régimen figuraba la imposición de un modelo económico basado en “servicios transnacionales”.

Mientras que varios miembros del ancien régime, incluso algunos allegados a Torrijos, “sugirieron” aún más intervención estatal en la economía — basada en el modelo de “sustitución de importaciones”, del cual hablaremos a continuación — el “Líder Máximo de la Revolución Panameña” (su título constitucional broder, no vayas ni a creeer) se decidió por aquellos que abogaban a favor de una mayor apertura al capital extranjero, con la mínima fiscalización, por medio de un “centro financiero internacional”.

Según “La Política Económica de Omar Torrijos”, investigación académica de Julio Manduley — de donde provienen las próximas citas y datos — la Revolución hizo público su “Plan de Modernización” a sólo cinco días del golpe:

Los objetivos de nuestra política económica son : (…) A mediano plazo (…) 1. La ampliación vigorosa de las operaciones de la Zona Libre de Colón; 2. La conversión del aeropuerto de Tocumen en un centro de producción y reventa de bienes y servicios para el transeúnte y para el incipiente negocio de carga aérea en las Américas; 3. Turismo; 4. La explotación de recursos minerales recientemente descubiertos en la zona atlántica; 5. La promoción de Panamá como centro financiero internacional con base en la banca nacional y extranjera existente en el país; 6. La continuación racional y prudente [o sea, la democión] de la política de sustitución de importaciones.

Fueron estas políticas las que tendrían el apoyo total y absoluto del Estado panameño — al final del día, ésta es la mayor “ventaja competitiva” que brinda una dictadura a las empresas que de ella se benefician — con una enorme influencia sobre la estructura económica del país.

El valor extraído de nuestro código legal

La dictadura impuso su “modelo económico” mediante, entre otros “actos”, legislación — ninguna más crucial que Ley Bancaria de 1970, diseñada específicamente pa’ acomodar a los bancos extranjeros. Un hito en el desarrollo de la industria panameña de la intermediación, la ley instó el rápido crecimiento del número de bancos internacionales en Panamá: de cinco en 1960 a más de 120 en 1984.

Basado en más nada que las leyes de la República, el centro bancario internacional convirtió a nuestro país en unos de los destinos predilectos de capitales internacionales que buscaban “seguridad” (específicamente anonimato) gracias a tres factores principales.

Los primeros dos son bastante conocidos. Primero, el curso legal en Panamá del dólar gringo (US$), la divisa más estable del mundo, es decir, que por más tiempo mantiene su valor; y segundo, la inexistencia de un banco central que ¡Dios nos libre! controlase los flujos monetarios y/o de capitales dentro y fuera del país — como puedes ver, nuestros líderes han definido “soberanía” de manera bastante selectiva a lo largo de lo años.

El tercero, tal vez ya adivinaste, es nuestro código legal, tan favorable pa’ la creación de compañías privadas con la capacidad de esconder, o al menos ofuscar la identidad de sus dueños / beneficiarios finales — específicamente la Ley 32 de 1927, relativa a las Sociedades Anónimas.

Conocidas alrededor del mundo gracias a los Papeles de Panamá, entre otros “Papers”, como empresas fantasma (u offshore), son precisamente estas “innovaciones legales” las que nos tienen en las listas negras y grises que tanto perjudican el sano desarrollo de la economía panameña — y de las cuales escribí hace un par de meses:

En combinación con la Ley Bancaria de la dictadura, las famosas (o infames) sociedades anónimas — que desde hace casi cien años nuestro Estado permite a los abogados del patio constituir sobre nuestras leyes — se convertirían en el perfecto vehículo legal (técnicamente, “figura jurídica”) pa’ captar los diluvios de divisas que llegarían a Panamá buscando “puerto seguro”; huyéndole a quién sabe, sin tener que declarar ni justificar absolutamente nada.

Lo que pa’ algunos “capitalistas” es, sin duda, un paraíso.

Protegidos de toda perturbación, los depósitos en el centro bancario internacional, pa’ que tú sepa’, pasaron de $341 millones en 1968 a $50,000 millones en 1982. Pero ¡no te emociones, paisano! Este crecimiento, como hemos podido evidenciar con el pasar de los años, favoreció principalmente la especulación financiera y la acumulación de capitales, más que nada, en sectores no productivos (extractivos, básicamente).

No debe sorprendernos, entonces, que toda esta “inversión extranjera” en Panamá haya tenido un impacto prácticamente nulo, por no decir negativo, sobre nuestra todavía paupérrima productividad económica — la cual, no me canso de repetirlo, es lo único que puede subirle los estándares de vida a la gente que trabaja pa’ vivir: el asalariado, el emprendedor y los dueños de pymes.

Un poco de contexto

Esta transformación económica dirigida y subsidiada por el Estado panameño ocurrió en un ambiente anti-democrático a lo largo de casi toda la región, en gran parte, porque las supuestas “democracias” latinoamericanas de la primera mitad del Siglo XX eran, pa’ todos los efectos prácticos, oligarquías, dígase, “el gobierno de pocos”.

El puñado de clanes que poseían la mayoría del capital / la tierra en sus respectivos países (no siempre actuando en concierto), pasaron de pelearse el control del Estado por las armas en el Siglo XIX (véase la Guerra de los Mil Días), a peleárselo vía más “civilizadas” contiendas electorales en el Siglo XX.

Veinticinco años antes del golpe torrijista, por ejemplo, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) — la logia militar que derrocó al gobierno “democrático” de Argentina en 1943, y en cuya cúpula fungía (según varios, de líder ideológico) el Coronel Juan Domingo Perón — también impuso a la fuerza su propia política económica (en este caso, industrial) sobre lo que entonces era, simultáneamente, el país más rico y más desigual de la región; muy parecido al Panamá de 1968 (y, trágicamente, al de 2024 también).

La política del GOU de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) — por la cual también abogaron en Panamá algunos grupos de interés económico, digamos, menos afortunados — buscaba suplantar el modelo económico agro-exportador en Argentina.

Con este modelo, el país vendía (exportaba) productos primarios, extraídos más que nada de los fértiles suelos pamperos, a las potencias industrializadas de Europa. A su vez, Argentina le compraba (importaba) manufacturas, textiles y otros productos terminados — con mayor valor agregado gracias a procesos industriales — a éstas economías “avanzadas”.

Sin embargo, aunque fue sumamente lucrativo pa’ los terratenientes argentinos — quienes acaparaban la mayoría de la producción nacional, casi toda agropecuaria — este modelo también era perversamente susceptible a las fluctuaciones de los precios de las “materias primas”, o commodities, como les decimos los yeyos.

Muchos de los miembros del GOU, incluyendo Perón, veían en la fabricación nacional de productos importados no solamente un proyecto de modernización e independencia económica — la industrialización argentina sería subsidiada por los ingresos provenientes “del campo”, es decir, de las rentas extraídas del Estado por los grandes agro-exportadores — sino también uno de transformación social.

Si hablaras con alguno de los originales torrijistas — que, por cierto, ya casi ninguno es miembro del PRD: el Partido de la Revolución, por más que no haya sido Democrática — muy probablemente te dirían, con toda sinceridad, que ese mismo era el objetivo de sus políticas económicas: “modernizar” la economía panameña pa’, de esta manera, transformar socialmente al país.

Sin embargo, el hecho que el “modelo” impuesto por la dictadura haya logrado, más que cualquier otra cosa, convertirlos a ellos en los panameños más ricos de la historia, seguramente también te dirán, fue mera coincidencia.

A pesar de la leyendas que se han creado alrededor de sus carismáticos líderes, al igual que la mayoría de las “revoluciones” latinoamericanas del Siglo XX (y XXI), la panameña no sirvió tanto pa’ transformar nuestra sociedad — actualmente la más desigual de la región — sino más pa’ ampliar (aunque haya sido sólo un poquitito) el número de clanes locales que controlan la explotación del recurso nacional.

En Argentina, luego de la Revolución “Peronista”, los grandes hacendados tendrían que compartir el poder político, o disputárselo, con otros dos polos de poder: los “industrialistas” o dueños de las fábricas y frigoríficos amamantados por Perón (al mando del Estado argentino desde 1946), y los sindicatos de trabajadores que en ellos laboraban. Como en Panamá, el argentino de clase media terminó siendo quien pagaba por estas groseras roscas políticas, las cuales todavía nos tienen, a ambos países, en el subdesarrollo.

Por otra parte, cabe destacar que Torrijos y sus acólitos no necesariamente impusieron este modelo económico sobre Panamá de la nada. La idea que nuestro país sirviese como intermediario en transacciones internacionales ya se venía cocinando desde antes del golpe.

De hecho, muchos “empresarios” criollos propusieron hongkongnizar la economía panameña entrando los años ‘60— es decir, transformar a Panamá en un centro de comercio y finanzas global siguiendo el modelo de Hong Kong. La estrategia, similar a la que eventualmente impondría la dictadura, era capitalizar sobre nuestra posición geográfica y estabilidad relativa, ambos recursos del Estado, pa’ atraer inversión extranjera.

Sin embargo, pa’ todos los efectos prácticos, esta “inversión” evitó que Panamá desarrollara industrias locales productivas, y la mano de obra cualificada pa’ ellas — similar a cómo la dependencia de Venezuela en sus rentas petroleras condenó a ese país, y a su fuerza laboral, a no saber producir valor de ninguna otra manera.

Como si fuera poco, la mayoría de la inversión extranjera que llegó a Panamá gracias al “Plan de Modernización” de la dictadura, ni siquiera lo hizo buscando acceso a los mercados emergentes de América Latina — de lo que sirvió Hong Kong, de hecho, pa’ los mercados asiáticos y, luego de su “apertura” económica, pa’l chino.

La triste realidad es que, gracias a nuestra Ley de Sociedades Anónimas, el capital internacional ha llegado al patio, básicamente, a ser protegido por el Estado panameño ante cualquier entidad extranjera que busque seguirle la pista, incluyendo los gobiernos de la OCDE y la UE.

Pa’ la gran desdicha de la CMA panameña, al enorme capital captado por la plataforma no le interesa crecer a largo plazo, ni reproducirse de manera sostenible, sino guardarse. Es por eso que termina en tanta estructura en desuso o sub-utilizada, con valor negativo pa’l panameño común.

Las listas nos meten en apuros, y la “plataforma” nos mete en las listas

La razón por la que seguimos en estas listas, entonces, es bastante sencilla: nuestra “plataforma” se ha convertido en el refugio ideal pa’l capital que busca anonimato, sin importar su origen o propósito. Hoy día, además, gran parte de estos fondos provienen de individuos y compañías de la OCDE y la UE, quienes buscan evadir impuestos en sus respectivas jurisdicciones.

Naturalmente, los gobiernos de estas jurisdicciones — incluyendo el holandés, el último en ponerle a Panamá la P de…Paraíso — tan cabria’os de ver como sus empresas y “oficinas familiares” usan las leyes panameñas pa’ que el capital que genera beneficios en sus territorios y sobre sus ciudadanos, no pague los impuestos que legalmente le corresponde.

Y éste, pa’ que tú sepa’, es el conflicto de interés en el seno del Estado panameño, que tanto perjudica al país: lo que es bueno pa’ la plataforma de servicios — por la que tanto aboga nuestra “clase intermediaria”— es un daño horroroso pa’l resto de la economía nacional.

Con esto, reitero, no intento asignarle ni culpa ni gloria a ningún panameño o grupo económico. Por más que estés de acuerdo con lo que pasó en la dictadura — o durante la farsa democrática que la precedió, y que seguramente también explotó parejo al panameño común — no debe existir debate sobre lo siguiente:

1. el modelo económico “panameño” no surgió ni natural ni democráticamente, mas fue impuesto en dictadura por grupos privados con intereses económicos propios, los cuales históricamente no han tenido nada que ver con el panameño común.

2. desde hace varias décadas, la plataforma de servicios internacionales perjudica enormemente el desarrollo sostenible de nuestro país, encareciéndole la vida, especialmente, al consumidor y al empresario o dueño de pyme.

Lamentablemente, por más que ahora los grandes grupos económicos que operan en el patio no pertenecen todos al mismo árbol genealógico (casi), siguen extrayendo suficientes rentas del recurso nacional pa’ capturar a nuestro Estado.

El viaje a Francia del Presi, con sus aires hipócritas de “hacer respetar a nuestro país”, es sólo una muestra del enorme poder político que tiene la plataforma. Con uno de sus miembros ahora de Jefe de Estado, seguramente seguirán enriqueciéndose de lo que buenamente nos pertenece a todos, vendiendo la “seguridad patrimonial” que un webo le cuesta a la CMA panameña.

¿Lo peor de todo? Igual que durante la dictadura, hoy la gran industria panameña de la intermediación genera ingresos que serían la envidia de cualquier emprendedor o pyme del patio, mientras sus delegados políticos nos endeudan sin piedad.

Porque, aunque Torrijos efectivamente “invirtió” millones en capital productivo (las hidroeléctricas, por ejemplo), lo hizo a punta de deuda externa, en vez de con las rentas que extraían del recurso nacional, digamos, la Zona Libre de Colón, la plataforma de servicios internacionales y/o el resto de los grupos que más se beneficiaron de la política económica “torrijista”.

Por si no te lo enseñaron en tu clase de “Historia de Panamá”, después que Operation Just Cause pusiera fin a la dictadura, nuestro Estado cargaba con una de las mayores deudas per cápita del mundo, habiendo “los militares” acumulado compromisos con los que la economía panameña simplemente no podía cargar.

No obstante, la prioridad de la dictadura (similar a la del desgobierno actual) fue consolidar la bendita plataforma, promoviendo leyes que atrajeran capitales que enriquecieran, más que nada, a los intermediarios, pero dejando que se pudrieran las bases productivas de nuestra economía, incluyendo su capital humano, sin si quiera intentar ayudarlo a diversificar sus fuentes de ingreso.

En la segunda mitad de la entrega, exploraremos cómo podríamos reformar la Ley de Sociedades Anónimas pa’ ofrecer al emprendedor panameño lo que realmente necesita: protección jurídica sin anonimato, crédito barato y a largo plazo pa’ hacer crecer su negocio, y una burocracia eficiente y proactiva que incentive la producción nacional, no la extracción de valor por medio de nuestras leyes.