Venezuela es la advertencia que los panameños no nos cansamos de ignorar (2 de 2)

o "Cuando la pary de algunos deja sin país a todos"

Y dentro de otros 30, otros 60, 90 años, estaremos todavía en el mundo como una empresa sólida y fuerte. Esa es la herencia que queremos dejar a nuestro país, a nuestras familias, y al mundo. 
- Ramón Fonseca Mora (qepd), socio fundador, Mossack-Fonseca, en ocasión del 35º aniversario de la firma.

Hay que recordar que las empresas fantasma [en inglés, shell companies] son estructuras financieras legítimas, sancionadas y creadas por gobiernos soberanos. Si se quiere solucionar este problema, hay que conseguir que los gobiernos aprueben leyes que las prohíban – y hay que empezar por Estados Unidos, que cuenta con dos de los mejores paraísos fiscales del mundo: el estado de Nevada y el estado de Delaware.
- Craig Copetas, periodista y autor de "Metal Men", en debate en France 24

Como sugerí en la primera parte de este ensayo, el colapso de la “Venezuela Saudita” tiene mucho que enseñarnos a los panameños.

Por más que la corrupta e ineficiente gestión de mucho del recurso nacional todavía no precipita una “Revolución Bolivariana” en el patio (fuera del susto que nos dieron el Suntracs y otros sindicatos a final del año pasado), nuestra histórica dependencia en la privilegiada posición geográfica del Istmo de Panamá – particularmente, en los regulares y cada vez mayores ingresos provenientes del canal interoceánico que, por más de 110 años, ha atravesado su estrechez – nos ha legado como país, si somos honestos, beneficios mixtos.

Similar al efecto que tuvo el oro negro venezolano, nuestra gallina de los huevos de oro ha contribuido, inter alia, a disminuir la demanda de mano de obra altamente calificada pa’ casi todas las actividades económicas no relacionadas a nuestro principal recurso. Este es uno de los síntomas de la anteriormente discutida “enfermedad holandesa”: los ingresos extraídos del recurso nacional, de hecho, reducen el incentivo pa’ invertir en el capital productivo, particularmente humano, necesario pa’ la diversificación económica y el desarrollo social de un país – ¿pa’ qué?, si vivir de rentas es #deli, e invertir de manera sostenible y largoplacista es riesgoso y cuesta plata, brodeeer – con consecuencias nefastas pa’ nuestras sociedades y economías.

En el caso particular de Panamá, cabe destacar, esta enfermedad (adicción, si prefieres) se manifiesta en la malsana e injusta explotación, también, del recurso social. Como “actividad económica” que, pa’ rematar, sólo pueden llevar a cabo los que el Estado determine, el uso de nuestro código legal pa’ lucrar no sólo le ha inyectado esteroides a la corrupción en el patio, sino que hoy día representa una de las principales amenazas contra la frágil democracia panameña, y lo que sea que se hace pasar por "institucionalidad" en nuestro país.

La plataforma “panameña” de servicios y negocios internacionales

Cuando hablo de “plataforma de servicios” me refiero a la panoplia de intermediarios que operan en el patio, los cuales por su naturaleza extraen valor del Estado panameño, incluyendo su reglamentación en materia corporativa y fiscal (es decir, de impuestos).

Principalmente, hablo del negocio de crear corporaciones fantasmas – específicamente, sociedades anónimas “debidamente constituidas bajo las leyes de la República de Panama” – pa’, en términos generales, evitar cualquier tipo de escrutinio sobre algún capital (dinero, activos, propiedades, etc.). Po’ejemplo: por parte de gobiernos extranjeros (recaudando ingresos o incautando fondos), agencias u organizaciones internacionales (como Interpol o la Unión Europea), o el público en general (especialmente del país de donde originó dicho capital).

Este negocio es, vale la pena recordar, 100% legal en Panamá. Además, pa’ los efectos de esta entrega, da exactamente igual quién compra la “seguridad patrimonial”; ya sea un dictador africano (o ruso) sacando su botín del país que lidera/saquea, o simplemente una mega-estrella internacional de fútbol haciendo lo que la grandísima mayoría del planeta mataría por hacer pero, por falta de acceso, no puede: chifear impuestos sobre el dinero que gana cuando sale a dejarlo todo en la cancha – por más que algunos tengamos la cancha en la laptop, y otros tengan que sobrellevar un tranque de 2-3 horas sólo pa’ llegar al juego.

Pa’ que entiendas mejor cómo funciona la rosca, te sugiero ver este corto video posteado por Vox luego de la publicación de los famosos (o infames, si eres panameño) “Panama Papers”. A continuación, te comparto parte de la transcripción traducida al español:

Digamos que guardas tus monedas en una alcancía que tienes en tu cuarto, pero tu mamá siempre está pendiente de cuánto metes y sacas, y eso no te gusta. Lo que necesitas es una segunda alcancía que puedas esconder en otro lugar.

Sin embargo, la madre de tu amigo Johnny está demasiado ocupada para controlar su alcancía, así que llevas tu segunda alcancía a su casa, y el dinero entra y sale sin que nadie lo note.

Pero tal vez la madre de Johnny, en realidad, no esté “demasiado ocupada”. Tal vez simplemente no le importe, o peor aún, tal vez esté deliberadamente haciéndole saber a todo el mundo que, por una pequeña tarifa, cuidará sus alcancías ignorando lo que llevan dentro.

Eso es básicamente lo que hacen países como Panamá, las Islas Caimán y otros paraísos fiscales. Tienen regulaciones [es decir, leyes] muy débiles para controlar cuándo entra o sale dinero de sus cuentas bancarias. Además, facilitan la creación de una corporación [en Panamá, Sociedad Anónima] sin revelar quién es el verdadero propietario. De esta manera, la gente escribe nombres falsos en sus alcancías.

Tomemos como ejemplo el bufete panameño Mossack-Fonseca, el cual tenía más de 40 oficinas en todo el mundo, que se especializaba en crear este tipo de alcancías, conocidas como “sociedades fantasma”. Estas sociedades fantasma no llevan a cabo negocios reales; solo guardan [por millones de dólares en tarifas] activos financieros en nombre de sus verdaderos propietarios.

En Panamá, las “alcancías” generalmente toman la forma de terrenos, apartamentos u otros activos inmobiliarios, muchos de ellos en desuso. Como vimos en la entrega anterior, a pesar de que la sobreoferta de vivienda (y oficina) en la capital representa otro impuesto escondido sobre la Clase Media Amplia (CMA) – la venta de “seguridad patrimonial” sigue siendo negocio redondo pa’ las firmas, bancos, contadurías y similares que conforman la plataforma de servicios internacionales.

Por ejemplo, en un excelente documental sobre los “Pandora Papers” – otro de los varios leaks relacionados a “paraísos fiscales”, ya que esto obviamente no ocurre na’más en Panamá – el Gerente de Inteligencia Regulatoria de Thomson Reuters en Asia-Pac confirma que, según sus investigaciones, la creación de sociedades fantasmas incluye “asesoramiento continuo, honorarios [pagos] por establecer estas estructuras y un modelo de ingresos recurrentes, ya que las están gestionando continuamente”. Entonces, pa’ las compañías individuales que participan en la plataforma, el negocio es “enormemente rentable”.

Las “externalidades” (efectos secundarios) del negocio, sin embargo, van mucho más allá de los enormes déficits, de tanto productividad laboral como de vivienda accesible, que asechan a la CMA panameña y, como si fuera poco, terminan siendo una fuente crónica de inflación a lo largo y ancho de nuestra economía secuestrada.

La realidad es que los efectos más dañinos que ha tenido la plataforma de servicios en Panamá han sido sobre nuestra sociedad, y hasta nuestra cultura, ya que la decisión política de prostituir nuestras leyes y soberanía en beneficio, más que nada, de quienes han amasado enormes fortunas y (por cualesquiera motivos) buscan cómo esconderlas del resto del mundo, ha transfigurado no sólo la abogacía como profesión, sino el mismísimo estado de derecho en Panamá.

Historia de un amor

Como te podrás imaginar acerca de una industria que vende secretismo y anonimato, no es fácil encontrar información objetiva y fidedigna sobre sus actividades a lo largo de la historia.

Sin embargo, pa’ que tengas una idea de la escala de la criminalidad que “nuestra” plataforma ha facilitado en las últimas décadas (convirtiendo en el proceso a varios abogados del patio en multimillonarios), te recomiendo leer el perfil completo de Panamá en el sitio de “Insight Crime”, una organización sin fines de lucro que lleva a cabo la imprescindible tarea de capturar pa’l público en general (que ignora casi por completo como funciona) al menos parte de este mundo ultra secreto de “inversiones”.

Según cuenta la leyenda, fue con la adopción de la Ley 32 del 26 de febrero de 1927, durante el gobierno de Rodolfo Chiari, que nace la conexión entre Panamá y algunos de los personajes e industrias más “coloridos” del Siglo XX (y XXI, porque el negocio, pa’ que tú sepa’, todavía costea miles de rondas de golf al año).

Inspirada en el sistema corporativo de Delaware (EE.UU.), la ley panameña “sobre sociedades anónimas” buscaba atraer inversiones extranjeras mediante la venta de estructuras corporativas flexibles y con el más alto nivel de confidencialidad – pa’ de esta manera “diversificar” la economía panameña, aprovechando su posición geopolítica tras la construcción del Canal.

Una de las características más atractivas de la Ley 32 es la posibilidad de emitir acciones al portador, lo que permite mantener en secreto la identidad de los dueños de las empresas. Junto con la ausencia de impuestos sobre ingresos generados fuera de Panamá, esta ley – con su regulación correspondientemente laxa – ha incentivado la creación de miles de sociedades anónimas dedicadas, única y exclusivamente, a sacar provecho de los beneficios fiscales y corporativos panameños.

Esto es importante entenderlo porque el valor económico que proveen estas estructuras legales, es decir, por lo que están pagando los beneficiarios finales de las sociedades fantasmas, lo genera el Estado panameño. Las firmas de abogados simplemente tienen un permiso especial (del mismo Estado) pa’ intermediar entre sus clientes – más que nada, capital extranjero buscando anonimato y/o “beneficios fiscales” – por un lado, y las leyes de la República, un recurso social de todos los panameños, por el otro. En pocos palabras, el negocio implica extraer valor del código legal panameño pa’ vendérselo a empresas e individuos privados, la mayoría extranjeros.

La creación en 1948 por (nuevamente) el Estado panameño de la Zona Libre de Colón (ZLC) – cuyo marco legal la ha convertido en una de las “islas libres de impuestos” más rentables del mundo (pa’ las compañías que ahí operan, obvio, porque el colonense de a vaina sobrevive de las migajas) – ha contribuido a que Panamá sea destino predilecto de grupos criminales buscando “inyectar dinero sucio a instituciones legítimas” y de “políticos [foráneos y domésticos] ocultando riquezas provenientes de la corrupción”.

A través de los años, esta actividad ha sido fenomenalmente lucrativa pa’ un puñado de grandes grupos económicos, pero ha convertido a nuestro país en sinónimo de todo tipo de turbiedad. Si tienes cierta edad, seguro recuerdas la escena en la película “Blow” cuando George Jung (Johnny Depp, en uno de sus papeles más memorables) recibe su pasaporte panameño de parte de un funcionario del Banco Nacional luego de pagarle un millón de dólares (buco plata en esa época). Jung era el contacto principal de Pablo Escobar en EE.UU., responsable por gran parte de la droga que, en esa época, entraba a gringolandia.

De esta “época dorada” de la plataforma (peak “noriegato”), el experto del tema anteriormente citado, Craig Copetas, dice: “en aquellos años, alrededor de 1980 a 1985, podías ir a la embajada o consulado panameño en Londres, darles 1,500 y obtenías una empresa panameña. Esto se hacía diariamente.”

Armas de Corrupción Masiva

Hoy día, sin embargo, es difícil encontrar un abogado criollo que no te recuerde todo lo que ha hecho, tanto la industria como el Estado, por regular esta actividad, y así evitar el uso del código legal panameño, y su sistema bancario, pa’ blanquear capitales y/o financiar terrorismo.

El problema medular, no obstante, es el “modelo” que nos han impuesto los grupos económicos que han logrado capturar al Estado panameño, muchos de ellos, parte integral de la bendita plataforma.

Básicamente, las mismas leyes que han contribuido a la inédita rentabilidad de estas compañías, en particular, atrayendo inversión extranjera ofreciendo la protección y beneficios del Estado panameño – en vez de, por ejemplo, ofreciendo una fuerza laboral productiva, o un mercado amplio de clase media pujante – son las que, simultáneamente, han permitido que sindicatos criminales internacionales blanqueen sus activos mal habidos en Panamá con demasiada facilidad, corrompiendo aún más nuestras instituciones y entorno empresarial.

Cuando escucho a quienes participan en este business defender la plataforma, me acuerdo de la cantaleta de los gringos que pelean por su sacrosanto derecho constitucional de “portar armas”; dónde, cuándo y cómo se les de la gana.

En Panamá, muchos abogados hablan similarmente del derecho a tener las leyes que “al país” le de la gana; que esto es parte fundamental de nuestra “soberanía”, por la que tanto panameño luchó a lo largo de nuestra historia por “recuperar”.

Además, igual que quienes defienden las mentadas “estructuras legales” panameñas, estos gringos te dirán que las armas de fuego son una simple “herramienta”, y que no tienen ningún problema por naturaleza; que es la naturaleza del ser humano, de hecho, la que el Estado debe regular.

Así como no es sorpresa, entonces, que EE.UU. sea el segundo país del mundo (después de Brasil) con la mayor cantidad de muertes por armas per capita – y que su población esté sometida a tiroteos masivos en escuelas, universidades, iglesias, parques, cines, centros comerciales, restaurantes, conciertos y prácticamente cualquier esquina – tampoco debe ser sorpresa, con la prevalencia y facilidad de acceso de sus armas de corrupción masiva, que la plataforma de servicios “panameña” sea un imán pa’l crimen organizado y la cleptocracia internacional, ni que la podredumbre haya llegado hasta las cúpulas más altas del poder, tanto político como económico, en nuestro país.

Y así como las armas se han vuelto parte de la identidad cultural de buco gringo – tanto así, que ni si quiera la masacre de estudiantes de primaria fue capaz de suscitar un cambio en las leyes correspondientes en EE.UU. – presiento que los socios de las grandes firmas de abogados del patio le prenderían fuego a la Asamblea Nacional antes de que el gobierno reforme (o derogue) la Ley 32 de 1927.

La trágica realidad es que el uso de nuestras leyes pa’ lucrar, especialmente como intermediarios, es algo que demasiados panameños, no sólo abogados sino ejecutivos de empresa también, sienten es su derecho innato. Como si pa’ esto, precisamente, existiera el imperio de la ley en Panamá – no pa’ organizar la sociedad panameña de la manera más justa posible, sino pa’ que grandes capitales privados, domésticos y extranjeros, puedan existir sin fiscalización ni refrenda, muchas veces a expensas de los ciudadanos más vulnerables de sus países de origen; mientras que las firmas de abogados panameñas (y paaar de bancos también) se convierten en las empresas más rentables del país, a pesar de no producir absolutamente nada de valor.

Recursos públicos, ingresos privados

Siento que debo repetir, una vez más, que esto no es personal. Mucha de la gente que más quiero en este mundo lleva el pan a su casa, directa o indirectamente, gracias a la plataforma de servicios, incluyendo el desarrollo inmobiliario conexo.

Sin embargo, no está de más recordarles a todos los panameños, incluyendo a los que más se han beneficiado de la explotación de nuestras leyes, que los intermediarios, especialmente los abogados, son parte de los costos de hacer negocios.

La abogacía no produce ningún valor, sino que por naturaleza lo extrae del Estado, ya que es gracias a la complejidad de vivir en el mundo moderno – específicamente, bajo el imperio de la ley (o el “estado de derecho”) en una res pública democrática – lo que genera la necesidad de este tipo de intermediación. Es por esto que el Estado decide quien puede, y quien no puede, “practicar” leyes.

Y ¡ojo!, no estoy diciendo que los abogados (y otros intermediarios) no cumplen una importante labor social, ¡me queda claro que sí! pero en el caso del abogado panameño, si no fuese por la arbitrariedad (e indebida influencia) con la que han legislado nuestros históricamente híper-corruptos diputados, su labor no tendría ningún valor económico pa’ quienes buscan esconder (o “proteger”) sus alcancías.

Si no me crees, pregúntale a cualquier emprendedor o dueño de pyme que produzca pa’ qué sirven sus abogados, y te darás cuenta que, en sus momentos mas pro-sociales, no son más que un mal necesario – por más que a sus mejores clientes les salga mucho mejor comprarle “seguridad patrimonial” a un bufete panameño, gracias a nuestras leyes, que pagarles a sus respectivos Estados (inclusive de países muchos más pobres que el nuestro) los impuestos que les corresponden.

Entonces, la obvia pregunta: ¿cómo generan semejantes ingresos las firmas de abogados del patio?, ¡al punto que un par ya tienen sus propios bancos! La respuesta: las leyes de la República, especialmente, la Ley 32 de 1927, la cual genera un valor incalculable, más que nada, pa’ capital extranjero (y criollo también) de dudosa procedencia.

Tanto así, que de las pocas fuentes de información sobre nuestra famosa (o, dependiendo de tu profesión, infame) “ley de sociedades anónimas”, la mayoría son materiales de mercadeo de firmas criollas cuyos servicios se basan, precisamente, en esta ley.

El valor que estas empresas están vendiendo deriva de la ley, y la ley deriva del Estado, tan sencillo como eso. Pero mientras que en Panamá algunas firmas de abogados (y bancos) básicamente imprimen dólares, nuestro Estado está quebrado.

Como si fuera poco, ahora el Ministro Chapman dice que “todos” los panameños tendremos que contribuir pa’ salvar la Caja del Seguro Social (CSS), con nuestros tributos “si es necesario”. Mi pregunta es si el ministro sabe que, tal y como su Estado, la mayoría de los panameños están endeudadísimos.

¿De dónde van a sacar “tributos”, si de a vaina les alcanza pa’ pagar la hipoteca, la letra del carro, el préstamo personal y, si tienen “suerte”, los seguros privados: médico, de carro, y de vida?

Mi sugerencia, si me lo permite, Sr. Ministro, es que hable con las grandes (y sumamente rentables) empresas que operan en la “plataforma de servicios”, es decir, sobre nuestro marco legal, y les proponga dividir equitativamente con el Estado las rentas que extraen de nuestras leyes.

Cuando se rían – y no los juzgue; en sus zapatos, semejante sugerencia a mi también me causaría gracia – usted sólo recuérdeles gentilmente que una cosa es intermediar en nombre de asalariados, emprendedores y pymes locales pa’ que lleven a cabo sus actividades productivas, y otra cosa totalmente diferente es usar un par de leyes que no tienen absolutamente nada que ver con la grandísima mayoría de los panameños, pa’ que sea nuestro Estado el que tenga que dar la cara – y por ende quedar metido en quién sabe cuántas listas oscuras que tanto nos joden – por andar cuidando alcancías radioactivas, mientras el panameño común es quien sufre toda la polución de la industria.

Porque así como la extracción de hidrocarburos, minerales y otros recursos naturales contamina severamente el medio ambiente de las comunidades aledañas – generando costos que son sufragados por aquellos que, tradicionalmente, menos reciben de la extracción del recurso – la venta de lo que eufemísticamente se conoce como “seguridad patrimonial” ha sido mega tóxica pa’l ambiente sociopolítico de Panamá, poniendo en duda, inclusive, su futuro como res pública verdaderamente libre y segura.

Donde manda sociedad (anónima), no manda ciudadano

Como he argumentado a lo largo del blog, mientras algunos cuantos individuos, clanes y/o grupos económicos generan enormes riquezas privadas de la explotación del recurso nacional, los panameños y su Estado se ahogan en deuda, desestabilizando seriamente al país. Más peligroso aún, la “industria” de la plataforma ha logrado transformar sus multimillonarias rentas en un enorme poder político, con el que fácilmente influencian las reglas del Estado panameño, por las que todos tenemos que jugar, en detrimento del desarrollo pleno y sostenible del país.

Más allá de los inmensos costos que impone sobre la CMA, esta actividad es uno de los principales motivos por el cual, a pesar de nuestra providencial fortuna en papel, Panamá cada día se parece más a países ricos en recursos como Venezuela, Nigeria y las monarquías de Oriente Medio, es decir, descaradamente corruptos, profundamente desiguales y totalmente improductivos; que a aquellos países ricos en recursos como Canadá, Noruega y Australia, es decir, con la riqueza que se genera de su explotación repartida de manera relativamente equitativa, gracias, en gran parte, al Estado que sus ciudadanos habían logrado construir antes que empezara la bonanza extractiva.

La tragedia venezolana, como alarma de incendio que no para de sonar, es la alerta roja pa’ todos que cuando los recursos de un país se explotan injustamente, lo que sigue casi siempre es inestabilidad social y decadencia política. Los panameños no somos inmunes a este fenómeno, por más especiales que nos juremos.

A menos que recuperemos la soberanía sobre nuestros propios recursos, incluyendo los sociales, y cómo se reparten los beneficios que de ellos se derivan, seguiremos subsidiándoles la vida de rich & famous a, entre otros, los dueños y ejecutivos de las empresas de la plataforma, en vez de, por ejemplo, la educación, la salud y la seguridad social de la mejor calidad.