Panamá, Tierra de Oportunidades: Especulando sobre la Estructura de un Estado de "Clase Media Amplia" (1 de 2)

o "Algunas ideas no tan dispersas sobre como salimos del hueco, Versión Criolla, cuarta parte"

La suposición básica seguía siendo el entendimiento de la "Mano Invisible" [the Invisible Hand] tal como se pensaba que Adam Smith la había descrito: como una fuerza milagrosa que asegura que cuando todos persiguen su propio beneficio, el público también se beneficia —mientras suba la marea, todos los barcos ascienden. Yo ciertamente lo di por hecho en gran medida, pero ha sido empíricamente demostrado que éste no es el caso. Hemos tenido décadas donde esto no ha sucedido.
- Oren Cass (American Compass) en el Ezra Klein Show

En la última entrega de Panamá, Tierra de Oportunidades (PTO) hablamos sobre cómo podríamos implementar un sistema de elecciones que resulte en gobiernos con mayor apoyo popular y, por ende, con mandatos más amplios pa’ llevar a cabo los difíciles cambios que requiere el país, incluyendo el más importante, el de nuestro “modelo económico” – en vez de lo que tenemos hoy día: líderes que fueron votados por alrededor de un tercio de la población, dejando a 2 de cada 3 panameños sintiéndose que este gobierno no me representa.

Específicamente, dije que la implementación del voto preferencial sería un gran primer paso hacia deshacernos de la calaña que hasta el día de hoy controla las palancas de poder en Panamá – y que, por esto, y por lo que percibo como una afinidad natural con la Clase Media Amplia (CMA), siento que alguno/a de los diputados/as de Vamos podría muy bien liderar esta reforma en la Asamblea.

Siguiendo esta dirección, quería dedicar la presente a cómo podemos reformar el Estado panameño pa’ que verdaderamente vele por los intereses de la grandísima mayoría de sus ciudadanos. En otras palabras, cómo re-diseñaríamos nuestras instituciones pa’ generar oportunidades y, por ende, prosperidad, específicamente, pa’ los asalariad@s, emprendedor@s y dueñ@s de pymes, quienes tienden a ser los panameños que más trabajan (y sacrifican), pero los que menos remunerados son por sus respectivos esfuerzos.

Nuestro Estado, por ende, debe ser una res no solamente más pública, sino más representativa de lo que Oren Cass, ex-director de política doméstica de la campaña presidencial de Mitt Romney en 2012, describió como las metas que, como país, podemos y debemos afirmar: “un alto nivel de vida material es uno de ellos, pero también incluye comunidades fuertes y estables, la formación de familias, y la capacidad de las personas para construir vidas decentes – típicamente en las comunidades donde han vivido, donde sus familias han vivido – para criar hijos que sean contribuyentes productivos a sus comunidades[…]; en lugar de simplemente decir que lo que sea que produzca la ‘libertad del mercado’ es la meta en sí [mi énfasis].”

Si queremos reformar nuestro Estado, es muy importante estar super claros cuales son los fines del mismo. Hoy día existe entre la gran mayoría de nuestros “líderes”, tanto políticos como empresariales, la convicción moral que los resultados generados por el Estado panameño – en particular, su modelo económico – no solamente son naturales, sino óptimos, ya que han sido producidos por “el Mercado”. Su fe es encapsulada perfectamente por el economista e historiador J. Bradford deLong cuando dice con ironía: el Mercado da, el Mercado quita, bendito sea el nombre del Mercado.

Pero aún cuando los feligreses del patio señalaban cifras tipo PIB y efdiyai (FDI) como evidencia que Panamá ‘taba volando – al menos hasta que Covid puso en desnudo la incapacidad de nuestra economía de crecer de manera sostenible – si bien el crecimiento económico es beneficioso, ciertamente no es el objetivo final.

Es más, como bien señala Cass, cifras como Producto Interno Bruto o Inversión Extranjera Directa “ni siquiera son un buen indicador [proxy] de muchas de las cosas que más importan” – y aunque como país, los panameños nunca estaremos 100% de acuerdo cuáles son “las cosas que más importan”, debemos reformar las instituciones del Estado pa’ que generen una mucho mejor aproximación de la que hoy día producen; como mínimo, una país más justo y una sociedad más sana.

Si no lo hacemos, terminaremos con los mismos “resultados del mercado” [market outcomes] que nos han sumergido en la desigualdad más profunda de la región, polarizando la sociedad panameña y poniendo en jaque nuestra viabilidad como país libre y pacífico, específicamente, el puñado de empresas mega-rentables, tanto locales como extranjeras, que lucran sin cesar en una res pública endeudada, improductiva y cada día más corrupta.

Un Estado panameño de Clase Media Amplia

Lo siguiente es puramente especulativo. No me considero experto en el tema ni mucho menos capaz de diseñar con lujo de detalle un nuevo sistema de gobierno. Sin embargo, como a la gran mayoría de los panameños, me queda claro que la actual configuración del Estado ha permitido su captura por grandes grupos económicos, además del surgimiento del populismo autoritario que dicha captura engendra – cuando los “dividendos de la democracia” se los quedan, casi todos, un pequeño grupo de royals criollos.

Como la mayoría de ustedes saben, los poderes del Estado panameño son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué se divide el poder del Estado? Porque, como dice el viejo y conocido refrán, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.

La idea de este sistema es evitar dicha corrupción, por lo que el Estado es dividido en Tres Poderes, independientes cada uno de los otros dos, que actúan de “controles y contrapesos” (checks & balances) entre ellos mismos. De esta manera, se inocula la res pública contra la tiranía que engendra la concentración de poder en una sola persona, familia, clan, compañía, grupo económico, etc. Nuevamente, el objetivo es balancear el poder pa’ asegurar el desarrollo sano y sostenible del país.

Sin embargo, aunque dividir los poderes del Estado es justo y necesario, la actual división del nuestro, especialmente en cuanto a sus funciones, se presta pa’ la corrupción que vemos hoy día: por un lado, el panameño común (además de estar endeudado hasta la zapatilla) enfrenta una crisis del costo de la vida, mientras que, simultáneamente, un par de empresas privadas, tanto locales como extranjeras, prácticamente imprimen dinero, como si literal no estuviesen en Panamá, sino en un país próspero y estable.

Las reformas, por ende, deben ante nada:
1) reforzar al Estado pa’ evitar este tipo de captura y, simultáneamente
2) re-balancear sus Poderes pa’ garantizar a) que el Estado sea proactivo (y full transparente), y b) mediante puntos de veto estratégicos, que ninguno de los Poderes sea más fuerte que los otros, y que los tres estén debidamente contabilizados.

Obviamente, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y como ignoro demasiado sobre el Poder Judicial en Panamá, voy a limitarme a hablar del Ejecutivo y Legislativo, (al menos por ahora) de los cuales ignoro menos y, aún así, en términos bastante generales. Repito, éstos son sólo bosquejos de cómo se vería un Estado que respondiera efectivamente a las necesidades de la CMA panameña, por alguien que no es experto del tema, por más que esté, mas o menos, leído al respecto.

Re-imaginando la división de poderes

Un Ejecutivo ágil y efectivo

El Poder Ejecutivo, liderado por el Presidente, es el que hace y, por ende, debe tener la libertad de actuar sin demasiadas restricciones, más no con tan pocas que se convierta en dictador, como ha sucedido históricamente en varios países de la región y, actualmente, en Venezuela, El Salvador y Nicaragua. La función del Presidente, entonces, sería mejor entenderla como la del CEO de un empresa, en este caso, una empresa propiedad de todos los panameños.

En esta analogía, los ciudadanos seríamos los accionistas de, digamos, Panamá, Empresa Nacional (E.N.), incluyendo todos sus recursos naturales, físicos, financieros y sociales. Cada panameño sería dueño de una acción, y sólo una. Maximizar el valor de cada acción, el objetivo Número Único del Ejecutivo en Jefe (o sea, el Presidente), equivaldría a la efectiva provisión (condicionada) de productos y servicios básicos de alta calidad, particularmente aquellos cuyos precios de mercado hacen que la vida de clase media – no solamente en Panamá, sino también en las economías más avanzadas del mundo – sea, para todos los efectos prácticos, inalcanzable, específicamente, en cuanto a vivienda, cuidado infantil, atención médica y educación de calidad.

Como buen administrador, el Presidente debe gestionar nuestros recursos (y el valor que de ellos se deriva), garantizando que todas las divisiones de la Empresa Nacional (los ministerios, agencias e institutos) operen de manera eficiente y coordinada pa’ maximizar el valor de los accionistas (o sea, los ciudadanos). Idealmente, el Estado se concentraría en la provisión de productos y servicios que sean, además de claves pa’l pleno desarrollo del capital humano panameño, posibles fuentes futuras de valor en mercados internacionales, por ejemplo, el cuidado y desarrollo holístico de niños, desde el embarazo hasta las 3 años, incluyendo nutrición y todo tipo de educación / desarrollo de primera infancia.

Aunque profundizaremos sobre este tema en futuras ediciones, es importante recordar que, en este sentido, ya Panamá tiene sendos historiales de éxito con el modelo Cable & Wireless Panama (CWP) y el modelo ACP. Además, aún con lo mal que están las finanzas públicas, si de verda’ quisiéramos, los panameños pudiésemos hoy mismo proveer una cantidad sustancial de productos y servicios básicos de alta calidad sin aumentar si quiera las recaudaciones. Como bien dice el Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eric Parrado: “Al utilizar tecnologías digitales, los gobiernos pueden prestar una amplia variedad de servicios públicos (incluso servicios que actualmente no se prestan de ninguna forma) de manera amplia, eficiente y a bajo costo. De hecho, las posibilidades son tan amplias que el primer desafío es priorizarlas [mi énfasis].”

Y aquí volvemos, nuevamente, al problema político que tenemos en Panamá y el resto de la región: aunque sabemos exactamente que tenemos que hacer pa’ salir del hueco, no existe una coalición política, económica o social en el patio que efectivamente priorice estas reformas. Por el contrario, esto es exactamente lo que no quiere ver la mayoría de la gente con poder en Panamá: ni los políticos que escriben las reglas del juego, ni los “empresarios” arraigados a la teta del Estado. Reitero, entonces, la urgencia de que los asalariados, emprendedores y dueños de pymes se agrupen pa’, de manera estratégica y efectiva, luchar pa’ que se legislen estas reformas.

Finalmente, para ser realmente ágil y efectivo, el Ejecutivo debería – con contadas y muy bien definidas excepciones – controlar la agenda legislativa y, con los votos del 50%+1 de la Cámara de Representantes, los proyectos de ley se convertirían en leyes de la República. Esta cámara, la cual sería el principal órgano legislativo del Estado, estaría conformada por los 655 Representantes de Corregimiento del país, los cuales tendrían la doble responsabilidad de, además de votar (y sólo votar) por las leyes presentadas por el Ejecutivo, asegurarse también que los productos y servicios básicos provistos por el Estado lleguen a todos sus votantes, y que ellos estén siguiendo las condiciones liadas a su provisión.

En esta configuración, si el Presidente es el CEO de la empresa, los corregidores son la atención al cliente que se asegura que los consumidores del “producto nacional” (nuevamente, los ciudadanos) estén satisfechos con el mismo. El trabajo primordial de cada representante sería el de administrar su corregimiento, trabajando con la alcaldía correspondiente, o el Gobierno Nacional, cuando sea necesario. Los votos legislativos, cuando haya que emitirlos, pudiesen darse en plenos presenciales en la capital, cada X cantidad de meses, o bien remotamente, siempre y cuando se garantice la integridad y legitimidad del voto de cada representante.

Cabe destacar que esta estructura permitiría que el corregimiento, la “mínima unidad política”, fuese el punto de contacto entre los ciudadanos y su Estado, no el “circuito electoral” ni mucho menos el Palacio de las Garzas. Por su proximidad a la ciudadanía, los corregidores podrían atender más directamente las necesidades y preocupaciones locales, garantizando así una mejor distribución y aplicación de los recursos públicos.

Esto, a su vez, reduciría las oportunidades de corrupción y malversación de fondos. Además de la fiscalización que un Estado de Clase Media Amplia, naturalmente, debería imponer sobre cada corregimiento, los panameños tendrían una línea de comunicación mucho más directa y accesible con quienes deciden cómo se gasta su dinero. Además, en cuanto a los grandes grupos económicos comprando votos legislativos, siempre les saldrá más fácil corromper a un solo Chello que a los nueve representantes de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, respectivamente.

Por esta misma razón: porque yo literal tengo el número de mi representante en mi cel, mientras que el panameño común de a vaina sabe quiénes son sus diputados, es que deberíamos exigir que quienes voten por nuestras leyes sean nuestros mismos representantes de corregimiento. No sólo sería una manera más democrática de legislar, sino que, al menos en teoría, aumentaría tanto la cantidad como la calidad de retroalimentación ciudadana [citizen feedback] que recibirían nuestros líderes pa’ – siendo la esperanza lo último que se pierde – hacer los ajustes correspondientes.

Como mínimo, nos desharíamos del bendito “circuito”, que de representativo no tiene un carajo, además del “consciente”, el “residuo” y el resto de las arbitrarias estupideces que utilizan nuestros actuales HPutados pa’ mantenerse como los intermediarios (gatekeepers) entre la riqueza nacional y la ciudadanía en general.

La configuración actual del Estado panameño, la cual ha convertido a nuestra Asamblea Nacional en una cuna de ratas – ojalá fueran lobos, al menos los lobos piensan en la manada – es uno de los principales obstáculos pa’ la creación de un Estado de Clase Media Amplia en Panamá. Por consiguiente, este es el tipo de reforma que debe priorizar PTO (o cualquier organización que luche por los intereses específicos de la CMA) pa’ re-balancear la distribución de poder en el patio.

El Legislativo, también, como Junta Directiva

La crítica principal a esta configuración es que concentraría demasiado poder en el Ejecutivo, y ciertamente lo haría: un presidente con la habilidad pa’ pasar cualquier ley con solo mayoría simple en la legislatura es una receta pa’ que el populismo autoritario se convierta en una dictadura pura y dura – aún si escogemos al Presidente por voto preferencial.

Por ende, el Poder Legislativo del Estado panameño estaría dividido en dos, o sea, sería bicameral. Y así como la “cámara inferior” de la Asamblea Nacional – la de Representantes de Corregimiento, detallada anteriormente – sería análoga a una Junta General de Accionistas que debe aprobar las decisiones importantes del Ejecutivo, la “superior”, la Cámara de Intereses, sería análoga a una Junta Directiva.

Como innovación socio-política (o half-baked idea), le voy a dedicar la segunda mitad de esta edición, próximamente, a la Cámara de Intereses [me dicen que tan muy largos los artículos, así que voy a acabar este breve]. Sin embargo, la misma estaría compuesta por representantes de los diversos sectores de la sociedad panameña, incluyendo el capital, los trabajadores, las pymes, los consumidores, la sociedad civil en general, grupos profesionales y gobiernos locales.

Su función principal sería supervisar (y potencialmente vetar) las leyes aprobadas por la Cámara de Representantes, asegurándose que el Ejecutivo no tenga carte blanche pa’ hacer lo que le de la gana, como hemos visto en Venezuela desde que Chavez ganara por primera vez las elecciones en 1998. Por ejemplo, si 2/3 (o el porcentaje que sea acordado) de la Cámara de Intereses votara en contra de una ley aprobada por los corregidores, esto la invalidaría, o sea, sería un punto de veto, lo cual obligaría al Ejecutivo a retirarla, o a hacer los cambios que consigan mayor apoyo de los diversos intereses del país.

Con esto, la Cámara de Intereses sería un contrapeso efectivo al poder del presidente, similar a como la Junta Directiva de una empresa privada supervisa a su CEO. Los miembros de esta cámara tendrían la responsabilidad de velar por los intereses a largo plazo del país, asegurándose que las políticas implementadas por el Ejecutivo sean sostenibles y beneficien a la gran mayoría de los panameños.

Al dividir el Poder Legislativo en a) una Cámara de Representantes que se enfoca en la implementación directa y efectiva de políticas públicas, y b) una Cámara de Intereses que actúa como garante de, entre otros, que el crecimiento económico del país sea tanto sostenible como pro-social, se promueve el importantísimo equilibrio entre la eficiencia, por un lado, y el beneficio nacional multi-generacional, por el otro.

La próxima semana hablaremos con mayor detalle sobre la Camara de Intereses: su posible composición, como se escogerían a sus miembros y cuales serían sus otras funciones.