Cuando la educación de calidad, y la calidad de vida, no encajan en tu modelo socioeconómico
o Cómo funciona la economía panameña, versión criolla, quinta parte
Como hablamos la semana pasada, la mayoría de la “inversión” en Panamá se hace en tierras e inmuebles, gracias a políticas públicas, las cuales propician que la construcción panameña, más que nada de apartamentos u oficinas, se use para la especulación financiera y/o para la “protección de patrimonio”, y no necesariamente para vivirla o trabajar en ella.
Esta demanda extra de ladrillo incrementa sin piedad el costo de la vida para todos los panameños, específicamente, los precios de 1) la vivienda y oficina, especialmente en la ciudad, 2) cualquier tipo de construcción general (salarios de obreros y costos de materiales) y 3) toda mano de obra de nivel básico, es decir, sin capacitación, lo que le mata la poca rentabilidad a casi todas las pymes del patio que dependen de trabajadores panameños.
Sin embargo, para la desgracia del panameño común, esta demanda extra es fenomenalmente lucrativa, tanto para nuestros gobernantes como para la mancuerna Capac-Suntracs. Por ende, ninguno escatima esfuerzos para que el Estado siga, aún con todo lo que ha pasado en el país postpandemia, dirigiendo miles de millones de dólares hacia la industria.
La gran mayoría de este dinero termina garantizándole los márgenes operativos a las constructoras locales, muchas de ellas, en demasiadas ocasiones, malcriadas y deficientes – tal y como la mano de obra que emplean (y a la cual nunca tendrán el incentivo de subirle la productividad, porque pa’ poner ladrillo, la única fuerza necesaria es la bruta).
Los resultados han sido, pa’ los que no entienden bien el modelo, paradójicos: por un lado, tienes un costo de vida supremamente caro – tanto en términos de consumo como para el emprendimiento – coexistiendo con una de las fuerzas laborales menos capacitadas y, por ende, menos productivas de la región.
La mano de obra no capacitada, en un mercado verdaderamente libre, no debería percibir salarios tan altos, pero en Panamá, la mayoría de los productos y servicios que ofrecen los mercados supuestamente libres, incluyendo el mercado laboral, es decir, el de gente que trabaje, son de una calidad que simplemente no corresponde a los precios que hay que pagar por ellos.
Por otra parte, el Estado panameño “invierte”, en promedio, el 4.9% del PIB en educación pública, lo que nos pone en el rango medio-alto de la región. Sin embargo, los resultados académicos de nuestros estudiantes siguen ocupando los últimos puestos en las tablas que miden este tipo de rendimiento a través de diferentes países.
En Panamá, de esto culpamos, con razón, a las decenas de sindicatos de docentes, los cuales, como todo sindicato público, tienen un inherente conflicto de interés y, por ende, deberían ser ilegales.
No obstante, el uso del Meduca como depósito de botellas es, entre otros, lo que los políticos “cobran” a cambio de escribir las reglas del juego para que ganen los mismos de siempre – por ejemplo, cómo se usa la vivienda en Panamá, quién puede lucrar privadamente de infraestructura pública, cuáles mercados serán libres y cuáles serán mono-, duo- u oligopolios, etc.
Entonces, tanto la vida cara y mala de clase media, como el sistema de educación pública, tan mediocre y dañino, del cual depende la gran mayoría de la población panameña, son características del sistema, no errores (como dicen los gringos: it’s a feature, not a bug). Ambas son resultados directos de nuestro despilfarro sin visión – y sin, al menos hasta ahora, serias consecuencias para el país, aunque yo no me confiaría.
El precio de todas estas “inversiones”, tan poco productivas y de altísimos costos sociales – en un país ridículamente desigual y con una población al borde – pronto incluirá la pérdida de nuestra democracia a manos de algún populista (de derecha o izquierda, créeme que están igual de podridos), a menos que hagamos algo al respecto y cambiemos los incentivos perversos de la mancuerna.
Malos no, mal incentivados
Quiero dejar claro, antes de seguir, que no estoy acusando a la Capac ni a ninguno de sus miembros de conscientemente tramar con los presidentes, ministros y diputados de todos los gobiernos que hemos tenido, democráticos o militares, para hacer que la población panameña sea una de las menos educadas – y menos productivas – de Latinoamérica; lo mismo con el Suntracs.
Esto no es sobre “conspiraciones secretas” ni de villanos y superhéroes. El mundo no funciona así. Esto es simplemente el resultado de gente, en su gran mayoría tanto buena como patriótica (cada uno con su propia definición), con enormes incentivos para priorizar X por encima de Y, digamos, el desarrollo inmobiliario por encima de la educación.
El problema medular de Panamá, sin embargo, es que estos incentivos van en contra de las inversiones multi-millonarias, y multi-generacionales, que el Estado debe hacer – y para las cuales necesitaría aumentar sin precedentes las recaudaciones – para que la mayoría de los panameños tengamos acceso a un sistema educativo del Siglo XXI (aunque me conformaría con que al menos les enseñaran inglés y matemáticas básicos, y que a los estudiantes más vulnerables no los explotaran).
Tenemos que estar claros: tanto para los grandes grupos económicos – incluyendo las constructoras, promotoras, firmas de abogados y bancos más grandes del país – como para la inmensa mayoría de la clase política panameña, no existe incentivo alguno – al menos ninguno que traiga las rentas a las que ya están acostumbrados – para invertir en el capital humano de la mayoría de los panameños, porque en el modelo de crecimiento que le han impuesto al país, simplemente, el capital humano no encaja.
Y es que vale la pena recalcar que ésta es la razón, mucho más que cualquier otra – incluyendo “la corrupción” y “la burocracia” – por la cual el Estado panameño nunca ha invertido seriamente en educación, más allá de como sistema de guarderías públicas – pa’ que los panameños con la responsabilidad de criar a sus hijos puedan dejar de hacerlo, para entonces ir a hacer lo que sea que el “mercado laboral” considere productivo, casi siempre a varias horas de donde viven.
Como expliqué en la edición pasada, ¿pa’ qué invertir en sectores más avanzados, especialmente en aquellos que necesitan mano de obra altamente calificada, si a Panamá le pagan divinamente con tan sólo parquearle la plata a “inversionistas extranjeros” (no preguntes quién) en cualquiera de los miles de apartamentos vacíos que hay en la capital y las playas – construidos todos por el Suntracs – pero en los que casi ninguna familia panameña puede vivir? Más que un déficit habitacional, lo que hay aquí es un déficit de webos pa’ decirle NO a la industria y al gremio.
Impuestos escondidos: los verdaderos costos de la mancuerna
Lastimosamente, no es tan fácil para la gente concebir – ni hablar de sentir – lo que los economistas llaman costos de oportunidad: el hecho que cada dólar que inviertes en X es un dólar que no tienes pa’ invertir en Y. Primero que todo, la educación de calidad no sólo cuesta muchísimo dinero y rinde frutos a largo plazo – muy poco tiempo para que un político le pueda demostrar resultados a sus votantes – sino que, además, los dueños del capital en Panamá, verdad sea dicha, no necesitan mano de obra calificada.
Como la tierra sigue representando la mayoría del capital físico del país, el incentivo para los terratenientes (incluyéndome a mi) es desarrollarla pa’ maximizar ingresos a corto plazo; gracias a la Ley de Sociedades Anónimas, que permite que la vivienda se use de “inversión”, los mayores y más rápidos retornos los genera el desarrollo inmobiliario para, más que nada, la especulación financiera (dígase, apostar que el precio del inmueble seguirá subiendo, tal vez – ¿por qué no? – para siempre).
En vez de usar la vivienda para vivirla, la usamos para que multimillonarios extranjeros y locales tengan donde “guardar” su dinero, especialmente si alguien se los quiere quitar: el fisco español, Vladimir Putin, la DEA, los Chavistas, etc.
Pa’cabar de rematar, si puedes hacer que el Estado, más allá de todos los beneficios legales y fiscales, te subsidie directamente la otra parte de tu actividad económica – las casitas de monopolio que, junto con las hipotecas que los bancos originan para las mismas, es otra de las más groseras roscas del patio – no hay manera de perder; se socializan los riesgos y se privatizan las ganancias.
Como les intento explicar a mis amigos que están en la industria – y que quiero como hermanos – es fácil ir por la vida “sin miedo al éxito” con el Estado eliminando tus riesgos de inversión y garantizando tus márgenes operativos.
Entonces, más allá de hablar pestes del Ministerio de “Educación” (Meduca) y los profesores de colegios públicos – otra rosca espantosa con la que hay que acabar – a los miembros de la Capac y, paralelamente, a la cúpula del Suntracs, no les interesa que el Estado panameño invierta en educación, no porque sean gente mala, sino porque simplemente no ganan nada con eso.
Una vez extraen del Estado las leyes que dan cabida legal a su rosca – incluyendo la del interés preferencial – no van a quejarse mucho si estos mismos políticos usan el Meduca como depósito de botellas para los adherentes de sus respectivos partidos.
Pa ponerlo más criollo, algo van a pedir los presidentes, ministros y diputados a cambio de pasar las leyes a favor de la industria; ese es – literal – el valor que ellos extraen al ser los intermediarios entre el Estado y sus ciudadanos. Este “algo” tiende a ser el abuso de sus cargos políticos sin ninguna repercusión por parte de la gente de gran poder económico; así es que entran pobres y salen millonarios, como decía, ciertamente, el Mussolini criollo.
El abuso de estos cargos toma muchísimas formas; los Afúes, Balbinas, Panchitos, Chellos y otras leyendas de la Asamblea lo han transformado en todo un arte. Sin embargo, uno bien trillado es redirigir parte de los fondos del Estado – los que no le han regalao en “beneficios fiscales” a sus contribuyentes de campaña – hacia ellos mismos, sus amigos y familiares, por medio de, inter alia, las planillas de los ministerios y otras agencias del Estado.
Por este motivo, nuestros gobernantes y funcionarios públicos usan los fondos del Estado, incluyendo los salarios oficiales, como “premios” para repartir, en vez de – como debería ser – pa’ pagarle a la gente mejor preparada del país para que lo administren de la manera más eficiente posible, en beneficio de sus verdaderos dueños / accionistas: los ciudadanos.
Emprender en Panamá, sólo para masoquistas
Además, la falta de educación la sufren, no tanto los grandes grupos económicos, sino las pymes y los emprendedores locales. Si alguna vez has tratado de empezar tu propio negocio (sin acceso a tu propio capital) sabes que los emprendedores son probablemente el grupo que más sufre el alto costo de la vida en Panamá. No solamente se ven forzados a contratar trabajadores de productividad negativa que, por ende, tienen que gastar aún más recursos para simplemente subirles la productividad a cero; sino que, también, son los que más sufren el costo de un Estado corrupto e ineficiente (a feature, not a bug).
Este es otro – como pueden ver, están por todos lados – de los impuestos escondidos que recaen sobre la clase media gracias a nuestra rosca inmobiliaria. Para aquellos emprendedores que empiezan con casi nada y, por ende, dependen de que el Estado, y los trámites con el mismo, sean lo más eficiente posible, sacar adelante un negocio se vuelve un viacrucis diario de frustraciones con la calidad/precio de todo en Panamá, incluyendo de los servicios públicos.
Pa’ los que tienen recursos, sin embargo, la real es que el Estado funciona divinamente – o al menos quita las trabas a “precios razonables”, haciendo de la corrupción, la manera de los políticos y sus burócratas de extraer valor, un simple costo operativo para los grandes grupos económicos.
Encima de la escasez que producen, la poca mano de obra calificada del país la acaparan las compañías más grandes de la industria de la construcción (o de aquellas relacionadas, como “leyes” e “intermediación financiera”). Estas compañías – gracias, nuevamente, a políticas públicas que las hacen extraordinariamente rentables – son las únicas que pueden pagar buenos salarios en Panamá.
Hablo en términos relativos, obviamente, porque hasta los salarios de la mano de obra calificada son suprimidos por la concentración de poder económico en unos cuantos grupos que, como si fuera poco, también tienen poder desmedido sobre el mercado laboral panameño.
Este devastador costo de oportunidad, dígase, la falta de inversión real en desarrollo de capital humano (incluyendo el uso del Meduca pa’ instalar botellas) para en vez invertir en ladrillo, conlleva a 1) la productividad negativa del trabajador panameño y 2) la escasez de mano de obra calificada…
Y de empleos que la necesiten - porque hasta las multinacionales que convencimos con todo tipo de “beneficios fiscales” de venir a instalar sus sedes regionales en el patio, lo hicieron solamente porque el gobierno les permitió, además, traer su propia mano de obra, ya que en el mercado laboral criollo, mano de obra de calidad nunca iban a encontrar (mas sí la mano de obra del Suntracs, que les construyó el apartamento que están alquilando en Costa del Este o Punta Pacífica).
No obstante, estos costos son indirectos y, por ende, no bien percibidos por el panameño. Como no le pegan directo al bolsillo, no están top of mind, especialmente si, como la mayoría de los miembros de la clase media (ampliamente definida), estás a diario rompiendote el fuas pa’ que, Dios te libre, nunca tengas que depender del Estado para algo como educación, salud o seguridad social; ni la tuya ni la de tu familia.
Si mi hijo va a una escuela privada, entonces, no hago mucho más que quejarme del Meduca y del sindicato de profesores en eventos y redes sociales; y si tengo la desdicha de tener que depender de un Estado corrupto e ineficiente pa’ que mis hijos puedan competir en el mercado laboral del Siglo XXI (aunque, nuevamente, me conformaría con que les enseñaran inglés básico), también me quejo, pero tengo mil otras vainas más urgentes de que preocuparme; por ejemplo, de dónde voy a sacar pa’ pagar mi hipoteca, cómo convenzo al banco que no me quite el carro, chamadre ¡me van a subir las tasas de interés!, etc. Además, al menos el Meduca me cuida los chiquillos mientras paso mis horas trabajando (o, si no, yendo y viniendo del trabajo).
La rosca perfecta
Sin embargo, nuestro modelo también impone costos directos sobre la gran mayoría de los panameños, que hacen que el diario vivir de tantos sea mucho más difícil, y mucho más caro, de lo que debería ser.
Hay que admitir, sin embargo, que suficiente gente ve sus intereses liados a la supervivencia – y el crecimiento – de la mancuerna Capac-Suntracs, que verlos como el hándicap económico que son para el país no será ni fácil ni natural. Hay que poner mucha atención.
Primero que todo, la inversión en vivienda como instrumento de especulación financiera – nuevamente, todos esos edificios medio vacíos que ves en las partes más “deseables” de la ciudad (y la manera que varios, incluyéndome a mí, han visto su net worth crecer) – no sólo representan para el país la inversión menos productiva posible, sino que encarecen enormemente el costo de la vida para la grandísima mayoría de las familias panameñas.
Entre más “invertimos” en rascacielos e islas artificiales en la capital, más panameños deben irse a vivir lejos de los centros urbanos donde trabajan – que también son donde están los mercados más lucrativos y donde, seguramente, quisieran vivir – porque en la city absolutamente todo está impagable.
¿La razón?
Una vez un país decide, mediante políticas públicas, utilizar la vivienda para cualquier otra cosa que no sea vivirla, incrementa artificialmente su demanda y, por ende, su precio.
Por ejemplo, una pareja de panameños recién casados busca un hogar para mudarse fuera de casa de sus padres y empezar su propia familia. Además de tener que competir con miles de otros panameños que buscan lo mismo (la demanda natural de vivienda), deben también competir con cientos de multimillonarios buscando “seguridad patrimonial” (es decir, otro tipo de demanda para la misma oferta).
Este es un grupo que incluye toda clase de gente: desde superestrellas globales, como Messi y Shakira, buscando chifear impuestos, hasta los narcotraficantes y terroristas internacionales que, hasta el sol de hoy, ven en el código legal panameño una de las muchas maneras de esconder sus bienes “malhabidos”[1].
El resultado es una de las grandes paradojas, por no decir injusticias, de Panamá: aunque hay sobreoferta de vivienda en la ciudad, la gran mayoría de la clase media panameña – nuestra pareja de recién casados, por ejemplo, que seguramente trabajan – no tiene acceso a ella.
Esto genera, entre otras desgracias, millones de horas de productividad botadas a la basura – y ni hablar del tiempo que ya no tenemos para estar con la familia, o para simplemente descansar – en tranques infernales cuyas víctimas son, precisamente, los que más trabajan.
Viéndose obligados a vivir fuera del centro de la ciudad, donde, nuevamente, sobran los apartamentos disponibles, y sometidos a un sistema de transporte público que es – o al menos “era” hasta la Línea 1 del Metro – criminal, demasiados trabajadores panameños son forzados a gastar una cantidad injustificable de sus salarios – y de su tiempo en este mundo – en “transporte”, un literal pague por sufrir.
Segundo, especialmente con aquellos que dicen que “al panameño le encanta su casita de monopolio”: No es que la clase media prefiera vivir en Panamá Oeste, Panamá Norte, o cualquiera de los Panamás que no son San Francisco, Bella Vista, Costa del Este o Santa María; es que la única opción, si sólo dependes de tu salario (o de los camarones que te ganes por la avenida) pa’ tener espacio suficiente pa’ ti y tu familia (privado, porque espacios públicos en Panamá no hay), es irte lo más lejos posible del centro de la activad económica nacional, donde ya los inmensos (y, muchas veces, espantosos) edificios de apartamentos y oficinas, la mayoría de ellos subutilizados y producto de la especulación financiera, se quedaron con el mejor espacio (real estate).
A todo esto, por cierto, hay que añadirle los costos derivados de un crecimiento urbano al garete, una enfermedad prácticamente congénita del modelo – cuyas “curitas” nos están saliendo mil veces más caras que los 15 centavos de planeamiento urbano que hubiesen tenido que “pagar” los que más se benefician de esta rosca: los dueños de la tierra, las constructoras y los bancos. Este “desarrollo” es contraproducente, en gran parte, porque nos disminuye la calidad de vida a todos (recuérdalo cuando estes en el tranque de La Pesa, porque eso definitivamente no tenía que ser así).
Finalmente, la rosca perfecta la completa la Ley del Interés Preferencial, el cual cada año aumenta inexorablemente. ¿Pero por qué? Como así, en un país con semejante número de viviendas disponibles, ¿tanta gente necesite ayuda del Estado para comprar casa? De nuevo: el uso de la vivienda para satisfacer otro tipo de demanda.
Convenientemente para la industria, y su gremio, el Estado panameño ha permitido que los terrenos más deseables del país, y los inmuebles que sobre ellos se construyen, se usen como lavadoras, alcancías, plazos fijos o casas de apuesta para todo tipo de gente con mucho dinero. El panameño clase media, entonces, es forzado a buscar vivienda lejos de donde trabaja y pasa su tiempo libre – por no decir en casa del fuas – porque ya toda la vivienda céntrica esta “ocupada”, a pesar del alto nivel de desocupación en la ciudad – todo un chiste cruel para quien trabaja honestamente.
Este aumento de la demanda por inmuebles, como si fuera poco, no sólo encarece la vivienda en sí, sino todo lo que se necesita para construirla, o sea, los materiales y, clavemente, la mano de obra; con esto me refiero a los ridículos salarios que el Suntracs ha podido negociar (inclusivo con prácticas extralegales), los cuales provienen del valor extraído por su mancuerna con la Capac, al igual que los márgenes de las constructoras.
Con materiales y mano de obra artificialmente cara, y con una industria acostumbrada a los niveles saudíes de rentabilidad que la especulación financiera les ha significado (al menos hasta la pandemia), el subsidio del interés preferencial – y el de la gasolina, la canasta básica, etc. – prácticamente se pide solito.
Y es que no digo que la construcción en Panamá es una “rosca” por gusto, o pa’ caer mal, pero cuando la necesidad de todos estos subsidios es literalmente generada por políticas públicas, en vez de, digamos, disrupciones transitorias, como las que causó la pandemia – esto literal es una rosca. En términos económicos, es extracción de valor por parte de una industria cuyos ingresos generan todo tipo de costos que, a su vez, tienen que pagar aquellos que no forman parte de la rosca.
Básicamente, al permitir que la vivienda se use, además de como vivienda, como “inversión”, el Estado la encarece, y cuando la vivienda se pone más cara, todo se pone más caro. Si al panadero le suben la renta, o el precio del apartamento que quiere comprar, también tendrá el panadero que subir los precios de su producto – o conformarse con una peor calidad vida.
Conformarse con una peor calidad vida, por cierto, es algo a lo que inclusive la clase media alta ya ha tenido que hacer. Buscando desesperadamente mantener el estilo de vida que hace sólo un par de años ya daba por derecho, muchos han disparado su nivel de deuda. Esta deuda del hogar – household debt – es la menos productiva, y la más peligrosa, para cualquier país, mientras que, como si el daño no fuese suficiente, incentiva a los bancos a enfocar sus carteras de crédito en préstamos personales, de auto e hipotecas.
Como explicamos la edición pasada, esta deuda es “inversión” solamente en papel, pero su rentabilidad es mucho mayor, para la industria de la “intermediación financiera”, que proveer crédito para lo que verdaderamente necesita cualquier economía dinámica y diversificada: capital semilla para comenzar un negocio. Nuevamente, parte del atrofio económico y social que generan nuestras políticas públicas.
¿Quién paga la cuenta?
En resumen, cada dólar que le damos en subsidio a la gente pa’ que compre su casita de monopolio – que ni vale lo que cuesta – es un dólar que no invertimos en educación, capacitación, o cualquier otro tipo de desarrollo humano. El problema más serio, sin embargo, es que los mismos que con cara de santo te miran a los ojos y te dicen que el problema en Panamá es “la educación”, son los que negocian con Benicio, Pineda y Zulay (o los intermediarios de turno, sean los de Mussolini o los arnulfistas) cuánto van a extraer del Estado, incluyendo del bendito interés preferencial.
Cuando reciben lo que consideran suficiente, dejan que los políticos hagan lo que se les da la gana. Nuevamente, no porque sean malos – tengo muchísimos familiares y amigos en esta rosca y me queda claro son gente A#1 – sino porque esta actividad económica no necesita capital humano productivo. En los intereses del sector más grande y poderoso de la economía panameña, y esto es clave para entender nuestra situación, no está una fuerza laboral ni educada ni capacitada.
Pero esto, por algún motivo, es una de las “tragedias” de las que hablamos como si no entendiéramos por qué ocurren. De la que más hablamos es la del “estudiante” panameño, el cual crece con prácticamente la peor educación de la región, sin ninguna habilidad remunerable que ofrecerle al mundo y, por ende, sin esperanza para una mejor vida. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Para mí, no hay duda que los resultados de Pisa son el fiel reflejo de las prioridades que tenemos como país.
Estos resultados, nuevamente, son evidencia de las características de la “política industrial” panameña, y no de algún glitch en el modelo. Si los políticos le van a dar algo a los constructores – ya sea la legalidad del uso de la vivienda panameña como vehículo de “inversión”, o el incremento desmesurado del interés preferencial – los políticos obviamente van a exigir algo a cambio. ¡Pa’ algo se metieron en política! (la cual se ha convertido, irónicamente, una de las pocas avenidas que existen en Panamá para generar riqueza emprendiendo, fuera de ser narco o nacer Mariano Rivera).
La “educación” publica, que la mayoría de los terratenientes / las constructoras / los bancos ni usan ni necesitan, tiende a ser lo primero que sacrificamos como país en nombre de “crecimiento económico”. Sin embargo, no es coincidencia que cuando, a finales del año pasado, la población general fue secuestrada por sindicatos a punta de violencia e intimidación, éstos incluían los de la construcción y la “educación”, es decir, el Suntracs y las botellas del Meduca.
Tampoco es coincidencia que ambas actividades en este país – construcción y educación – sean tan poco productivas y, al mismo tiempo, hayan llegado a tener tanto poder sobre la sociedad en general. Esto les ha dado a sus respectivos gremios indebida influencia, que ejercen en perjuicio del país cuando se les da la gana.
Como siempre, termina siendo la clase media, en particular, el consumidor y las pymes, quién paga por una fuerza laboral que no sabe hacer mucho más que poner ladrillo (y cerrar calles). ¿Cómo va a salir adelante, entonces, la gente que más se esfuerza? Con todos estos costos impuestos por una rosca que, simplemente, es demasiado lucrativa para las élites económicas y políticas (incluyéndome a mi), qué pueden hacer los ciudadanos individuales (“el pueblo”) para luchar por un cambio al respecto?
Especialmente después de las irrecuperables pérdidas por los cierres escolares durante la cuarentena – aunque siguieron hasta bien pasada la emergencia, un crimen del cual las próximas generaciones nunca nos perdonarán – sin un cambio serio en la manera en que vemos, vivimos e incentivamos la educación de calidad, para números significativos de panameños, seguiremos produciendo gente con muy pocas habilidades, y con aún menos esperanzas de tener un futuro mejor que el de sus padres.
El estatus quo, tan lucrativo para algunos cuantos, pone en peligro el futuro de Panamá, no sólo como tierra de oportunidades, que debería ser por su increíble riqueza inherente, sino como país relativamente libre y próspero.
[1] Entre comillas, porque no busco moralizar sobre esta actividad económica, ya hablaremos de la tal llamada “plataforma de servicios” panameña en futuras ediciones. Además, yo feliz que entre plata al país prácticamente de donde sea – más bien quiero iluminar los múltiples costos que esta actividad le impone a la gran mayoría de los panameños.