La mina no es la única que explota/ba el recurso nacional sin pagarle al Estado
(o “Cómo funciona la economía panameña, versión criolla, primera parte”)
Los contratos mineros firmados por Nito & Co., de los cuales nos volvimos expertos los panameños, resultaron ser una fuente aparentemente inagotable de corrupción e ilegalidad. Aunque siento que las protestas contra los mismos tenían varias motivaciones, me queda claro que la mayoría de aquellos que nos oponemos – si no es por ambición política o querellas netamente ambientales – es básicamente porque vemos como los recursos del país son literalmente extraídos del subsuelo panameño sin que el Estado (o, si le quieres decir, “el pueblo”) reciba la remuneración correspondiente por su valor; en este caso, con cuánto de lo que estos metales coticen / alguien pague por ellos en los mercados internacionales se va a quedar Panamá.
Sin embargo, con esta primera edición de Versión Criolla, quisiera argumentar que la mina no es la única que hace (técnicamente, hacía) esto. Es más, ni si quiera son las multinacionales como First Quantum Minerals (FQM) y Hutchinson[1] las únicas que explotan recursos del Estado monopolísticamente sin pagar, ni justa ni correspondientemente, por el privilegio.
Al contrario, la grandísima mayoría de los grandes grupos empresariales “panameños” son rentables, precisamente, porque tienen acceso extraordinario al Estado y sus recursos, y no porque el producto o servicio que ofrecen es necesariamente superior al de la competencia, por ejemplo, como en el caso de Apple o Amazon. En otras palabras, lo que venden muchas compañías en Panamá, y por ende sus ingresos, dependen en grandísima medida del valor que derivan de la explotación del recurso nacional, por la cual el Estado panameño no recibe casi nada a cambio.
El pecado original de América Latina
No quiero continuar sin antes recalcar que esto no es algo propio de Panamá. A lo largo de toda la región, desde los latifundios de la colonia hasta los grandes conglomerados de hoy día, la “elite” latinoamericana – con lo que simplemente me refiero a la minoría de la población que ejerce control sobre la mayoría los recursos del Estado, más nada – ha ejercido este control, en términos generales, para su propio beneficio y no el del país (tal y como la gran mayoría de nosotros, sospecho, hubiésemos o hasta en algún momento hemos hecho).
Esto no quiere decir que el país, o que parte de la población en general, no se haya beneficiado, tal vez hasta considerablemente, de esta explotación de recursos estatales por intereses privados; significa, más bien, que cualquier beneficio “nacional” ha sido, en su mayoría, incidental, y hasta puede que a la larga haya resultado contraproducente (hablaremos más de esto en otras ediciones).
Por ejemplo, en su libro, “El Coste de la Desigualdad: Lecciones y Advertencias de América Latina para el Resto del Mundo”, Diego Sánchez-Ancochea, Profesor de Política Económica del Desarrollo, y líder del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford (Gran Bretaña), sostiene que más de un siglo de desigualdad en Latam ha generado fuertes círculos viciosos: rendimiento deficiente, instituciones políticas débiles y problemas sociales, entre otros, han conllevado al bajo crecimiento económico, políticas públicas excluyentes y violencia y desconfianza social, los cuales, a su vez, han reforzado la concentración de ingresos. Según el autor, varios mecanismos explican este proceso “retroalimenticio”.
En primer lugar, y partiendo de la economía, una pequeña élite, que siempre ha controlado gran parte de la tierra y los recursos financieros, se ha enfrentado a incentivos limitados [mi énfasis] para aumentar la productividad e invertir en economías más avanzadas. Sin duda, la élite empresarial se ha diversificado hacia nuevas actividades en diferentes momentos, pero en general han sido de bajo riesgo, no particularmente sofisticadas y/o dependientes del gobierno [mi énfasis].
Esto sigue siendo evidente, por ejemplo, cuando se considera la lista de los 10 latinoamericanos más ricos, un grupo formado por nueve hombres y una mujer, procedentes de sólo cuatro países (Brasil, Chile, Colombia y México). Sus ingresos provienen de servicios de telecomunicaciones altamente regulados (Carlos Slim), finanzas (Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, Luis Carlos Sarmiento Angulo), procesamiento de alimentos y bebidas (Marcel Herrmann Telles, Iris Fontana, Carlos Alberto Sicupida) y minería (Iris Fontbona, German Larrea Mota Velasco, Alberto Bailleres González). ¿Por qué se trasladarían a nuevos sectores de alta tecnología cuando pueden obtener enormes beneficios en actividades de bajo riesgo?
En Panamá, la historia no ha sido muy diferente. Aunque nuestra élite empresarial puede cubrirse de gloria en cuanto a las fortunas acumuladas por algunos de sus miembros, lo cierto es que la gran mayoría de la producción económica panameña proviene casi exclusivamente de la explotación, de alguna forma u otra, de recursos del Estado.
Según “Hacia una Nueva Visión Económica y Social para Panamá” de Guillermo Chapman, texto fundamental para cualquiera que quiere entender cómo funciona la economía panameña, los tres sectores “productivos” que más han crecido en la última década – excluyendo la minería, que ha crecido 16,5% – son los siguientes (los respectivos comentarios son míos, no de Chapman):
construcción (13,8%) – altamente regulado, incluyendo por medio de enormes subsidios públicos;
utilidades (electricidad, gas y agua) (9,7%) – donde existen monopolios y duopolios totalmente legales, gracias al Estado, que extraen millones de mercados donde no existe competencia – sin compensación para el Estado por el privilegio de no tenerla.
intermediación financiera (5,8%), incluyendo los servicios legales y financieros de nuestra “plataforma de servicios” – además de estar altamente regulado, este sector depende casi en su totalidad del código legal panameño, un recurso social del Estado.
Los grandes grupos económicos que, efectivamente, lucran sin competencia o explotando monopolísticamente el recurso nacional – único en muchísimas instancias – han logrado generar miles de millones dólares que, sin el acceso a los recursos del Estado, jamás hubiesen sido posibles.
Tal y como lo explica “El Coste de la Desigualdad”, estas rentas, es decir, los ingresos derivados más allá del valor agregado por la empresa, “generalmente no son re-invertidos en innovación o mayor productividad”. ¿Pa’ qué?, si el extraordinario acceso al recurso nacional del que gozan estas compañías – ya sea usufructuando de la infraestructura estatal, extrayendo millones en subsidios directos o teniendo su competencia “legalmente” restringida – de antemano les brinda una extraordinaria ventaja competitiva.
En resumen, la desigualdad congénita con la que nacieron todas las repúblicas latinoamericanas ha garantizado que ciertos grupos (muchas veces los mismos, pero no siempre) tengan acceso privilegiado a los recursos del Estado – inclusive hasta ya bien entrado el Siglo XXI – desde la tierra y los minerales del subsuelo, hasta la infraestructura, tanto física como legal, del país.
A su vez, este acceso – o control – ha determinado el desarrollo socioeconómico de la región – es decir, a que actividades se dedican primordialmente los países, y como son repartidos los frutos de estas actividades – hacia actividades económicas que, como veremos en próximas ediciones, no necesitan mano de obra altamente cualificada.
Tristemente, las pocas veces que los grandes grupos panameños reinvierten sus ganancias en la economía, es para mantener o incrementar el acceso al Estado. Esta “re-inversión” ocurre, generalmente, en forma de donaciones a campañas políticas, y/o simplemente en la compra directa de votos legislativos o decretos ejecutivos.
A cambio, nuestros dirigentes políticos escriben leyes (o sea, las reglas del juego) para que las compañías/industrias que, desde hace varias generaciones extraen valor del Estado, lo sigan haciendo. Así se da inicio, una vez más y con mayor potencia, al ciclo de la desigualdad.
Toda economía es una economía política
En subsiguientes ediciones analizaremos cada una de las industrias “productivas” del patio, pero por ahora quisiera ilustrar 1) cómo el Estado crea un mercado y 2) qué es un monopolio, en el marco de la economía panameña – con el ejemplo de la empresa Cable & Wireless Panamá (CWP).
En 1997, durante los procesos de privatización que se estaban llevando a cabo en toda la región, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares “privatiza” el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), empresa / monopolio estatal encargado de brindar servicios telefónicos en todo el país y, por ahí mismo, crea el mercado de las telecomunicaciones en Panamá.
¿Cómo lo hace?
El Estado panameño, representado en ese momento por el gobierno de Pérez Balladares, firma un acuerdo con Cable & Wireless (C&W), multinacional británica de telecomunicaciones, por medio del cual, básicamente, le concede el derecho exclusivo de brindar el servicio de telefonía fija en todo Panamá, por un número determinado de años, a cambio del 49% de las acciones de una nueva empresa. Esta empresa no sólo se adueñaría del mercado telefónico, sino del mismo INTEL, incluyendo todos sus activos e infraestructura.
Cable & Wireless Panamá, S.A. (CWP), sería la nueva – y por mucho tiempo la única – empresa nacional de telecomunicaciones, en este mercado recién creado por el gobierno (los mercados, nunca lo olvides, son creaciones políticas, precisamente, porque son creaciones humanas – no existen “naturalmente”, aunque unos definitivamente están más intervenidos que otros).
La telefonía fija en Panamá, entonces, pasa de ser un monopolio del Estado a uno privado – pero, clave – uno en el cual el país tenía (y sigue teniendo) una participación de casi el 50% (así como lo estás leyendo, el Estado panameño es dueño de casi la mitad de una sociedad anónima, y hasta donde tengo entendido, nunca ha participado en las decisiones operativas del día a día de la compañía.[2]
La idea del contrato era aprovechar la experiencia y capacidad de inversión de la multinacional británica para mejorar y expandir la infraestructura de telecomunicaciones del país, ya que en ese entonces, a pocos años de la caída del muro de Berlín, el mundo entero se había comido el cuento que 1) el Estado / los gobiernos no servían para nada – a pesar que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con todo y sus críticas, es una nave espacial – y 2) solamente la empresa privada puede generar la riqueza, seguridad y bienestar que todas las sociedades humanas buscamos.
Monopoly Money
Vale la pena hacer un paréntesis aquí para examinar el caso de Teléfonos de México (Telmex), y comparar la creación del mercado de las telecomunicaciones en ese país con la del nuestro. Carlos Slim, mencionado anteriormente, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo tras “adquirir” Telmex, la empresa / monopolio estatal de telecomunicaciones de México, en 1990. La privatización de Telmex le otorgó a Slim el mercado nacional de telecomunicaciones, o sea, millones de usuarios sin acceso a otro proveedor.
Para la sorpresa de pocos – excepto tal vez la que fingieron los entonces dirigentes políticos que promovieron la operación – sin mayores incentivos para que Telmex, ahora Sociedad Anónima, cumpliera sus promesas de brindar mejores servicios a precios más baratos, los consumidores mexicanos sufrieron todo lo contrario. Tan altos eran los costos de telefonía fija y, luego, de celular e internet, que el chiste en los ‘90 era que México tenía los pobres más ricos del mundo.
Servicios caros y deficientes y, luego, acceso limitado a internet de banda ancha y tecnología digital, especialmente en áreas rurales, fue lo que el Estado mexicano y sus ciudadanos recibieron a cambio de privatizar Telmex.
Sin embargo, el contrato firmado por el entonces Presidente mexicano, Salinas de Gortari, le permitió al “empresario” Carlos Slim extraer tanto valor de este mercado cautivo – sin que un bendito peso de este valor fuera a dar al tesoro mexicano – que tuvo que construirse un museo privado para poder guardar todo el arte que con ese dinero compró. Se llama Soumaya, por si no has ido, y la verdad es que vale la pena ir nada más para contrastarlo con el retroceso socioeconómico del resto del Distrito Federal.
Por cierto, en estos momentos vale la pena recordar que los príncipes de la Florencia renacentista – los Medici, Borgia, etc. – patrocinaron a Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, también, para legitimar su riqueza, a pesar de ser sanguinarios vástagos de codicia legendaria. Por mi parte, confieso haber ido a varios museos que tenían el nombre Sackler en sus salas, y aunque no lo hubiesen quitado los administradores del museo por malas RR.PP., probablemente seguiría yendo.
Con el beneficio de poder mirar hacia atrás, entonces, hoy podemos decirlo con certeza: lejos de fomentar la innovación y el desarrollo económico del país después que el Estado creara un “mercado” para las telecomunicaciones, México estuvo por décadas muy detrás de sus pares regionales en este sector tan clave para cualquier economía avanzada.
Contradiciendo todas las predicciones de los “expertos” – que muchas veces terminaron siendo los que más directamente se beneficiaron de todas las “transacciones” necesarias para privatizar activos del Estado – el consumidor mexicano cargó por múltiples generaciones con servicios caros y de mala calidad, y Telmex se convirtió en una multinacional privada valorada en miles de millones de dólares.
Este tipo de riqueza que, en nuestra región, históricamente se ha obtenido extrayendo valor del Estado por medio de su captura, es una de las principales razones por las que Latinoamérica es tan económicamente desigual y, por ende, tan políticamente inestable.
Mientras que Telmex, compañía privada, legalmente extraía fortunas sauditas de los usuarios mexicanos – dentro del mercado creado por el Estado – las telecomunicaciones se convirtieron en un ancla para el desarrollo socioeconómico de millones de mexicanos, que ahora deberían dirigir aún más de sus diminutos salarios – el valor que como sociedad le damos a su trabajo – a los bolsillos de un monopolista.
Especialmente los hogares y las pymes mexicanas, que de por sí ya la tenían difícil, serían los que, más que nadie, sufragarían los altísimos “precios del mercado”, cuya monopolización, eventualmente, incluiría la utilidad pública más importante de todas: la internet.
Aunque todavía no se avistaba, a los consumidores y emprendedores mexicanos pronto les llegaría una devastadora devaluación de su moneda que acabaría con las finanzas, y la vida, de varios.
Las rentas económicas: el cáncer del capitalismo
Volviendo a Panamá, cuando los servicios de telefonía fija son privatizados, CWP también recibe del Estado panameño todos los extraordinarios beneficios económicos provenientes de un monopolio nacional (especialmente en un sector tan vital, tanto para el Estado como para sus ciudadanos, como el de las telecomunicaciones).
Evitando la entrada de otros proveedores al mercado, o sea, interviniendo directamente en el mismo, el Estado panameño, año tras año, le garantizaba a CWP generosos márgenes operativos (dígase, lo que una compañía gana por sus servicios después de restarle sus costos operativos) – un privilegio sin precedentes.
Estos ingresos muy bien pudieron haberse generado, como los de Telmex en México, sobre las espaldas de los usuarios panameños, en forma de tarifas infladas y/o servicios subestándares, algo de lo que también se le acusó a C&W.
Sin embargo, cada vez que CWP repartía (y reparte) dividendos a sus accionistas, el Estado panameño recibía (y recibe) 49 centavos de cada dólar, y esto ha hecho toda la diferencia.
Las rentas del monopolio de CWP, es decir, el ingreso que generaba la compañía por encima del valor que proveían, en este caso, por legalmente ser el único proveedor del mercado, eran en gran parte recapturadas por el Estado panameño, gracias a su participación del 49% en la compañía – fijada en el contrato original.
En teoría, el panameño por años pagó mucho más de la cuenta por servicios telefónicos gracias a políticas públicas (dígase, un monopolio creado por ley). Sin embargo, mucha de esta plata extra, es decir, mucha de esta extracción de valor por parte de CWP – volvía al Estado directamente todos los años (para su corrupta e ineficiente repartición, admito, pero eso es otro tema para otra edición). Siendo propietario de casi la mitad de la compañía, el Estado procuraba quedarse con al menos parte del valor siendo extraído de los bolsillos de su gente.
Para que tengan una idea, en sus primeros 26 años, este contrato ha significado para Panamá un aporte superior a los $9 mil millones (9 billones gringos) en concepto de, entre otros, “dividendos pagados al Estado”. El año pasado, por ejemplo, CWP le rayó un cheque al tesoro nacional, o sea, al “pueblo panameño”, por casi $30 millones (nuevamente, gracias a la participación del Estado en la compañía, que, aunque ya no es monopolio, sigue gozando de grandísimos beneficios provenientes de su relación con el Estado panameño). Aún más increíble para los estándares de hoy, el 2% de CWP, luego del 49% perteneciente a la multinacional (C&W), es de sus colaboradores.
Repito, gran parte de estos “ingresos” fue plata que CWP literalmente le extrajo a los usuarios panameños – de eso hay que estar muy claros – pero al menos la mitad de estos ingresos extraídos (no creados), pudiesen haber sido reinvertidos, o devueltos a los usuarios, por el mismo Estado panameño.
Aunque confieso que no sé qué carajo se ha hecho con toda esta plata (definitivamente no se ha invertido en gestión de residuos, por ejemplo), al menos los fondos no han sido usados para que una sola persona - a su discreción y la de más nadie - los invierta en arte impresionista francés de principios del siglo pasado, por más increíble que sea este arte, ¿tu sa’e?
Creación vs. Extracción de Valor: No todos los crecimientos son iguales
Las respectivas privatizaciones de Telmex, por un lado, y del INTEL panameño vía Cable & Wireless Panamá: compañía mixta privado-estatal, junto con la británica de comunicaciones Cable & Wireless, por el otro – y la diferencia en cómo fueron estructuradas – ilustran bien cómo las políticas públicas de un Estado no sólo afectan el comportamiento de los mercados, sino que, además, pueden crear fortunas generacionales para un empresario, grupo económico o compañía multinacional.
Hoy más que nunca, debemos saber exactamente de dónde proviene el valor que “se genera” en Panamá y, aún de mayor importancia, si este valor lo están creando empresarios o extrayendo insiders – aunque muchas veces, en nuestros pueblos, estos dos tienden a ser la misma persona (el empresario insider) – esta diferencia es clave para entender la situación actual panameña.
Aunque me queda claro que hay mucha gente sacrificada trabajando muy duro en este país para generar riqueza propia – Mimi, por ejemplo – también hay gente muy inteligente trabajando duro para extraer valor directamente del recurso nacional o, al menos, para convertirse en intermediario entre este valor y los panameños.
Aunque haya sido por más nada que por accidente geográfico (u obra y gracia del Espíritu Santo), el valor proveniente de los recursos del país pertenece por igual a todos los panameños, y el resto de nuestra infraestructura, tanto física como legal, también es nuestro patrimonio, tan nuestro como el Canal.
¿Por qué estamos dejando a intereses privados lucrar de ella sin la remuneración que nos corresponde por el beneficio?
Porque, ojo: Una cosa es ser un tipo como Jeff Bezos que, en términos muy generales, ha creado más valor, para más gente, que tal vez cualquier otra persona en el Siglo XXI – y aunque Bezos también ha sido acusado de extraer valor (últimamente por Trump, probablemente lo único sensato que ha dicho en su carrera política), específicamente, cuando Amazon por muchos años utilizó el U.S. Post Office (servicio de correos federal, subsidiado intensamente por el gobierno gringo) para construir su imperio logístico-comercial – al final del día el tipo empezó, básicamente, con una computadora y una gran idea, igual que millones de otras personas…
…y otra cosa completamente diferente es ser un tipo como Carlos Slim, que se ha vuelto el hombre más rico del mundo, básicamente, extrayendo valor de los consumidores mexicanos, la mayoría de ellos pobres y privados de la libertad económica más básica de todas: buenas opciones a buenos precios.
En la próxima edición de Versión Criolla, nos enfocaremos en un ejemplo de sociedad anónima “panameña” que lucra, muy parecido a Telmex, de la explotación directa – sin compensar al Estado por el beneficio – de uno de los activos más importantes del país. Especialmente cuando nuestro principal activo – el Canal de Panamá – pierde relevancia (en la transición de un comercio globalizado a uno regionalizado) y poder monopolístico (sin el cual fuéramos, hay que admitirlo, un país muy diferente) es imprescindible estudiar cómo podemos exprimirle la mayor cantidad de retornos a toda nuestra infraestructura, tanto física como legal y fiscal.
[1] CK Hutchison Holdings Limited es la dueña de Panama Ports Company (PPC), la cual opera dos de los recursos más importantes del Estado: los Puertos de Balboa y Cristóbal en el Pacifico y el Caribe, respectivamente (y mejor ni hablemos del valor estratégico que representan los puertos, tanto marítimos como aéreos, para cualquier Estado, especialmente uno sin ejército como el nuestro). Por esta concesión monopolística, la cual comenzó en 1997, el Estado panameño ha recibido sólo US$8 millones (en dividendos en concepto del 10% de las acciones de la empresa, según la Contraloría General de la República), y no recibió ni un solo centavo en los primeros 18 años de concesión, la cual fue renovada por otro cuarto de siglo sin tan siquiera cambiar una letra, por el actual gobierno.
[2] Además de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Cable & Wireless Panamá (CWP) es la única otra compañía que podría – en vida real – considerarse “panameña”.